V.A / ICAL

Las Cortes de Castilla y León no cerrarán este periodo de sesiones con el debate sobre el estado de la Comunidad, uno de los más importantes de la Cámara junto con el de presupuestos. La fallida moción de censura socialista de marzo libera al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de someterse al examen en la sesión de política general cuando se cumple el ecuador de esta legislatura.

Como es habitual, la Mesa de las Cortes, cuando elabora el calendario de plenos para este periodo entre febrero y junio, reserva la última sesión para el debate de política general. Así, figuran dos plenarios para los días 8 y 9 y 22 y 23 de este mes, si bien el último será también ordinario con el orden del día que introduzcan los grupos. El Grupo Popular prevé que se pueda aprobar la ley de caza, según fuentes parlamentarias.

El Reglamento de las Cortes marca que con carácter anual, durante el segundo periodo de sesiones, se celebrará en el pleno de las Cortes un debate sobre la política general de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, no se realizará este debate en el año en que corresponda celebrar elecciones a las Cortes de Castilla y León, ni tampoco en aquel en que se haya debatido en la Cámara una investidura, una moción de censura o una cuestión de confianza.

Este es el caso. El hemiciclo acogió el pasado 22 de marzo el debate de la primera moción de censura presentada en la historia autonómica de la Comunidad. La iniciativa firmada por el Grupo Socialista, con Luis Tudanca como candidato a la Presidencia, fue rechazada con los votos de PP y Cs, que habían perdido la mayoría, pero contaron con el apoyo de Vox.

Alfonso Fernández Mañueco y su Gobierno de coalición se salvaron, si bien ahora cuentan con 40 de los 41 escaños de la mayoría absoluta en la Cámara, después de que la procuradora María Montero dejara Ciudadanos tres días antes del debate de la moción de censura. Los primeros efectos se han visto ya: los socios han perdido la presidencia de dos de las tres comisiones de investigación, la de las eólicas u plan de medios de la Junta.

En el anterior debate de política general, el primero de esta legislatura, el presidente de la Junta llegó con el aval de un recién firmado pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Gobierno y oposición, excepto Vox y UPL, se sumaron al acuerdo, calificado entonces como referente en el conjunto de las comunidades españolas.

La pandemia, en su primera ola, motivó la declaración del estado de alarma, con el cierre de la actividad no esencial y miles de muertes que han seguido a lo largo del año. La Junta encontró el apoyo de la oposición para sus medidas sanitarias y económicas, convalidadas mediante decretos leyes.

Fernández Mañueco aprovechó el debate sobre el estado de la Comunidad para ofrecer un pacto presupuestario, pero las conversaciones posteriores no fraguaron y las primeras cuentas de la legislatura y de la pandemia, las más elevadas hasta ahora con 12.291 millones, se aprobaron por PP y Cs, con el voto también de Por Ávila.

Clima político

El clima político actual no es el mismo de hace un año. De hecho, el acuerdo entre Ejecutivo y oposición se ha alejado y la critica y los reproches se han vuelto más gruesos. Las Cortes han vivido en este periodo plenos tensos, como en el que el presidente, Luis Fuentes, expulsó del hemiciclo a la vicepresidenta segunda, la socialista Ana Sánchez.

Fue a partir de septiembre cuando el Grupo Socialista y su líder, Luis Tudanca, empezaron a denunciar que la Junta incumple los acuerdos que firma y que su presidente “no tiene palabra”. “Sin despeinarse ha dinamitado todo, también el respeto y la lealtad a estas Cortes y a la gente de Castilla y León”, espetó el socialista en el último pleno al presidente de la Junta.

El último detonante ha sido el informe del Procurador del Común en su apartado sobre la gestión de la Junta en las residencias durante la pandemia, calificado de “falta de rigor” por el vicepresidente, Francisco Igea, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Isabel Blanco. Fernández Mañueco les respaldó y también PP y Cs al evitar, como pedía PSOE y Podemos, que rectificara.

Antes se cruzaron por el camino “el decretazo” sanitario -ahora retirado-. la critica al Diálogo Social o el haber “mentido” a la oposición socialista y a los alcaldes en relación al adelanto a las 20 horas del toque de queda, tumbado por el Tribunal Supremo. Por su parte, Fernández Mañueco e Igea han intensificado su inyectiva contra el Gobierno por no facilitar una herramienta legal tras el cese del estado de alarma o por el reparto de las vacunas.

La vacunación ha permitido un respiro en la evolución de la pandemia y relajar las medidas restrictivas, después de un pulso del sector de la hostelería con la Junta. En este momento, casi la mitad de la población ha recibido una dosis y otro 30 por ciento la pauta completa. La pandemia reduce su incidencia, pero el ruido político se ha elevado.