El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha asegurado que la Junta analiza actualmente la repercusión económica que supondría la aplicación de las 35 horas semanales para los empleados públicos y su incidencia en las prestaciones de servicios públicos de calidad.

Ibáñez, quien se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras el que ha comparecido ante la ausencia del vicepresidente, Francisco Igea, por su participación en un foro sobre el Brexit en Madrid, ha insistido en el compromiso "claro e inequívoco" de la Junta de alcanzar "en esta legislatura" la jornada de 35 horas.

No obstante, tras poner en valor el "esfuerzo, trabajo y dedicación" de los empleados públicos, ha insistido en que la aplicación de esta jornada requiere un "análisis intenso" y "efectivo" de la repercusión económica y su incidencia en la prestaciones económicas.

"Tenemos la voluntad de poder alcanzar un acuerdo con el compromiso de implantar la jornada de 35 horas", ha asegurado, al tiempo que ha insistido en que la Junta realiza ahora análisis de "todas las incidencias" que se puedan dar con la aplicación efectiva de la medida para dotarla de continuidad y no "recular" en el futuro.

En este sentido Ibáñez ha recordado la reunión que mantendrá en la tarde de este jueves con los sindicatos para avanzar en la negociación de esta aplicación y ha insistido en que en el acuerdo rubricado en mayo de 2019 con el anterior Ejecutivo de la Junta se establecía que: "solicitaba al nuevo gobierno las modificaciones normativas oportunas para alcanzar de modo efectivo las 35 horas".

Tras esta aclaración, el consejero de la Presidencia ha insistido en que para culminar el acuerdo es necesario realizar un análisis de los componentes económicos, ya que el coste de la medida debe financiarse con el Presupuesto General de la Comunidad que, como ha recordado, está "prorrogado".

En segundo lugar, Ibáñez ha insistido en estudiar si la aplicación de la jornada podría tener incidencia en la garantía de la prestación de los servicios y si podría tener incidencia en la calidad, a lo que ha sumado la necesidad de realizar un análisis de la normativa de obligado cumplimiento.

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha manifestado que la decisión que finalmente se debe adoptar debe implantarse en condiciones de equidad para todos los empleados públicos.

"Vamos a ser responsables en el compromiso de alcanzar la jornada 35 horas y muy responsables con los ciudadanos de Castilla y León para hacer una aplicación efectiva de la aplicación de esta jornada de 35 horas", ha aseverado.

Con respecto a la posición que la Junta trasladará en la reunión prevista con los sindicatos Ibáñez ha señalado que "por respeto" serán ellos los primeros en conocerla y, ante la amenaza de huelga, ha insistido en que la Junta se "dejará la piel" en el diálogo.