El Ayuntamiento de Salamanca acoge este viernes desde las 10:00 horas una sesión extraordinaria del pleno de la Corporación municipal en cuyo orden del día priman asuntos dinerarios. Así, se aprobarán inicialmente las ordenanzas fiscales con los tributos, tasas y precios públicos para 2019, pero también se abordará la denegación de la petición de más dinero de la empresa que debe construir el vial de acceso al hospital y reclamar a la que gestionó las piscinas municipales la deuda pendiente.

Debate sobre el vial de acceso al nuevo hospital

En primer lugar, se abordó el requerimiento al contratista para el inicio de la obra de conexión del nuevo hospital con el paseo de San Vicente, desestimando las alegaciones presentadas. El Consistorio anunció a finales de junio el inicio de los trabajos para una calle con una longitud de casi 600 metros y un presupuesto de 4,4 millones de euros. Pero, desde entonces, las obras apenas han avanzado. ¿Qué está pasando?

El problema radica en que entre la unión temporal de empresas adjudicataria de los trabajos está Arcor, empresa propiedad del leonés José Luis Ulibarri, principal responsable de la presunta trama de corrupción Enredadera, por la que incluso estuvo en prisión. Ahora la constructora solicita al Ayuntamiento unos 700.000 euros más por una modificación del proyecto y cinco meses más de plazo, algo a lo que el Consistorio se opone, exigiendo que cumpla lo firmado inicialmente.

Y es que el Ayuntamiento de Salamanca lo tiene claro: rescindirá el contrato con la adjudicataria del vial si la UTE no cumple lo acordado. Así, ha desestimado la solicitud de un modificado por importe de 694.713 euros por considerarlo injustificado, suponer un sobrecoste a las arcas municipales e incrementar el periodo de ejecución en cinco meses. En este sentido, exige que se inicien las obras de forma inmediata y, en el caso de no ser así, el Ayuntamiento resolverá el contrato y reclamará daños y perjuicios.

Gabriel de la Mora, concejal de Ganemos, volvió a enumerar diversos casos de presuntas tramas de corrupción con cargos del Partido Popular implicados, aludiendo a que una de las empresas es de José Luis Ulibarri, “dios, el jefe”, empresario encarcelado por la trama Enredadera. “El PP de Mañueco y Carlos García Carbayo mintieron”, afirmó asegurando que desde hace meses “ha habido problemas que se han estado ocultando deliberadamente, porque la empresa de dios, el jefe, dice que necesita setecientos mil euros más, pero ahora el jefe es un corrupto más”.

Mientras, Fernando Castaño, de Ciudadanos, recuerda que ya en su día hubo sospechas porque la oferta era muy baja y una de las empresas estaba relacionada con la trama corrupta Gürtel, pero ahora que se acercan las elecciones sí se ofrecen explicaciones. “La empresa seguramente se ha pasado de frenada y ahora busca cualquier excusa para salirse del contrato, pero por qué el Partido Popular ha esperado a octubre para comentarlo al resto de grupos políticos, ¿qué tiene que ocultar el concejal delegado? La transparencia es exigible siempre, pero en este caso inmediata, porque se trata de una obra fundamental para el hospital, sin vial no hay puerta de entrada”.

Por su parte, Arturo Ferreras, del Grupo Socialista, recordó que en julio ya se interesaron por la marcha de las obras del vial, pero el concejal García Carbayo les dio largas. Incluso ya habiendo firmado el inicio de las obras la Confederación Hidrográfica del Duero alertó de que faltaba un trámite para una tala de árboles, algo que se subsanó en septiembre. “Ya es hora de que se exija a la empresa el inicio de las obras”.

El objetivo de todas las críticas, el concejal de Fomento, Carlos García, fue muy duro contra Ganemos y su “forma habitual, sucia y ruin de hacer política, pero la Justicia les ha vuelto a dar en los morros (esta semana ha desestimado una denuncia por prevaricación sobre la adjudicación del alumbrado público), que es lo que se merecen, y hoy hemos asistido a otro ejercicio asqueroso de su política. ¿Por qué viene aquí a intervenir el concejal procesado de Ganemos?”. Y recordó que el contrato fue adjudicado por unanimidad y con todos los informes en vigor, también de la persona representante de Ganemos en aquella comisión.

Incluso se echó para atrás a una empresa con una oferta económica más baja que la adjudicataria pero que incumplía el convenio laboral de salarios de la construcción. Por eso, “ahora no se puede admitir un modificado que no está justificado en los pliegos de contratación, los técnicos lo han rechazado radicalmente, ni lo hemos tolerado ni lo vamos a tolerar de ninguna manera, pero esto no es un mérito, porque es nuestra obligación, no vamos a admitir chantajes”. Y recordó que la firmeza del equipo de gobierno evitó un sobrecoste de las obras de reforma del parque Garrido.

Debate sobre la reclamación de deuda por la gestión de las piscinas municipales

Por otro lado está la ausencia de reclamación de 1,2 millones de euros a la empresa Eulen por la gestión que llevó a cabo en las piscinas municipales. Algo que se ha demorado en el tiempo pese a la insistencia de PSOE y Ganemos para que la empresa no se ‘fuera de rositas’ sin pagar el dinero que debe.

Gabriel Risco, concejal de Ganemos, recordó que la empresa Eulen gestionó las piscinas municipales entre 1999 y 2014, asegurando que su nombre aparecía en unos papeles sobre financiación irregular del Partido Popular, por importe de dos millones de las entonces pesetas, y posteriormente recibió la adjudicación de las piscinas. Documentos que fueron publicados por el periódico ‘El País’ pero que después no derivaron en una querella judicial. Risco resumió después las irregularidades que a su juicio recogían los informes técnicos sobre deficiencias en la gestión “y después le perdonaron el dinero” de las obras de reforma. ¿Alguien ha asumido responsabilidades? Nadie, y se nos ocultó información, nos dieron largas, tuvimos que ir a los tribunales y la Justicia nos dio la razón. Si alguien puede hablar de funcionamiento ruin puede ser otro, no usted”. Y concluyó acusando al equipo de gobierno del PP de haber despilfarrado cinco millones en este asunto de las piscinas municipales.

Por su parte, Fernando Castaño, de Ciudadanos, que además es presidente de la Comisión de Contratación, recordó que hubo un error en los informes técnicos del que se aprovechó la empresa Eulen. “Fue entendible la postura de los técnicos, aunque no era la más ajustada a derecho. Jamás hubiéramos pensado que tendríamos que defender la independencia de los técnicos de un partido de la oposición. Señores de Ganemos, les han pedido la dimisión, sé que tienen la caradura de que les resbale. Con su dimisión este pleno ganaría mucho en decencia”.

Mientras, Arturo Ferreras, concejal del Grupo Socialista, fue breve pero conciso. “Sentimos vergüenza ajena de que después de tres años el Ayuntamiento haya sido incapaz de cobrar a la empresa Eulen la deficiente gestión de las piscinas municipales. No es precisamente la diligencia que hay que exigir a un servidor público”.

El concejal de Fomento y Contratación, Carlos García Carbayo, puntualizó a Ganemos que Eulen no entró en el Ayuntamiento con el PP, sino que ya estaba cuando gobernaba el Partido Socialista. “El Ayuntamiento ha actuado con mucho rigor en todo momento respecto a la empresa Eulen, fueron los técnicos municipales quienes realizaron el informe sobre los desperfectos en las piscinas municipales, no se arroguen ustedes competencias que no tienen”. Y añadió que siempre se ha actuado de la forma correcta para evitar que pueda caducar el expediente y escabullirse de pagar la deuda la empresa. “Ningún despilfarro, era necesario acometer estas reformas, algunas piscinas tenían más de treinta años”.

Debate sobre las ordenanzas fiscales

Entre las ordenanzas fiscales para 2019 la principal novedad es la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) un cinco por ciento, además de mantener la congelación de la mayoría de impuestos y tasas. De la rebaja del IBI se beneficiarán unos 80.000 contribuyentes salmantinos, con una media de unos 25 euros.

En total, el Ayuntamiento dejará de ingresar 2,3 millones de euros, pero el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, garantiza que no habrá recortes de gasto, “el impacto será lo más limitado posible”. Y aclara que no se trata de una medida electoralista (en mayo de 2019 hay comicios municipales y autonómicos), sino que se tiene en cuenta que en el año 2020 las amortizaciones de deuda se reducirán considerablemente, por lo que al pagar menos a los bancos habrá más dinero para inversiones y gasto social.

Además, cuando finalice la legislatura la plusvalía habrá bajado un 5,4 y 7,1%, el impuesto sobre construcciones entre el 70 y 90%, las tasas de basura y transporte urbano han permanecido congeladas, así como las de depuración, suministro de agua potable y alcantarillado se han ajustado al Índice de Precios al Consumo (IPC).

El concejal de Hacienda concluye que “Salamanca se sitúa entre las ciudades de España con las tarifas más baratas por el servicio de autobús urbano y por el ciclo de agua, como ponen de manifiesto diversos estudios e informes elaborados por las organizaciones de consumidores”. Por ejemplo, puntualizó que en la ORA, aunque se suben cinco céntimos la primera hora, de haberse aplicado el Índice de Precios al Consumo (IPC) el incremento hubiera sido de cuarenta céntimos.

Gabriel Risco, concejal de Ganemos, argumentó su rechazo a la propuesta de PP y Ciudadanos, pues ellos abogan por "más equidad y justicia fiscal, que pague más quien más tiene". Además, "demuestran que se puede bajar el IBI, pero en años anteriores se negaron pintando una situación catastrófica de la economía". Algo que, a su juicio, se logra con una mejor gestión de los recursos de las arcas municipales, reivindicando su intervención para que en la adjudicación de contratos municipales ahora se ahorre dinero sobre lo inicialmente presupuestado. También reclamando el IBI a la Iglesia, lo que supondría unos ingresos importantes, y reformando el cobro del agua, pues ahora "beneficia a quienes más consumen y a la empresa", o cambiando la tasa de recogida de basura, para incentivar el reciclaje y que los pequeños comercios no paguen como un supermercado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro González, reivindicó la autoría de estas ordenanzas fiscales gracias a la negociación con el Partido Popular, "porque estamos abiertos a negociar con todos" y "desde nuestra llegada los salmantinos tienen una menor presión fiscal". Y quiso distanciarse de las políticas de Ganemos. "Las matemáticas las dejamos para otro día y las hipocresías también. Estamos viendo y sufriendo la influencia de su política en España, el bipartito de PSOE y Podemos, más impuestos. En la oposición es fácil hacer populismo y pedir bajar los impuestos, pero cuando gobiernan siempre los suben. En Salamanca no vamos a permitir esas prácticas, debemos ser serios y responsables ante los salmantinos, hemos demostrado la utilidad de cuatro concejales desde la oposición, Ciudadanos ha logrado la mayor bajada de impuestos en la ciudad. Imagínense lo que hemos logrado desde la oposición, que podríamos hacer si fuéramos equipo de gobierno".

A continuación intervino José Luis Mateos, portavoz del Grupo Socialista, quien comenzó puntualizando el ambiente de fin de ciclo en el Ayuntamiento, pues es "el último pleno de Fernando Mañueco antes de su abandono a la ciudad de Salamanca en las próximas semanas por intereses ya conocidos, las últimas ordenanzas fiscales del Partido Popular tras casi veinticinco años de inmovilismo fiscal que ha perjudicado a la ciudad". Y dio dos datos que resumen la gestión de Mañueco como alcalde, 10.000 habitantes menos y 2.000 personas menos trabajando. "Usted se va porque quiere irse, pero 10.000 habitantes se han visto obligados porque no les han permitido hacer un proyecto de vida en Salamanca. Fíjese si son insulsas sus propuestas que hasta el concejal de Hacienda ha renunciado a hacer la exposición inicial que acostumbra". Además, incidió en que el descenso del IBI no lo notarán tanto los salmantinos como asegura el PP, y será insolidario, pues "una superficie como Carrefour pagará miles de euros menos, pero un vecino de Garrido o Pizarrales entre diez o quince euros menos".

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