Trabajadores de ayuda a domicilio se han manifestado este miércoles ante las Cortes de Castilla y León ante la paralización de la negociación del convenio colectivo del sector y se han reunido con los grupos parlamentarios, a los que han reclamado una comisión de seguimiento del dinero que se destina a este servicio.

Más de 200 trabajadores de este sector (que emplea a unos 5.200, la gran mayoría mujeres) han protestado frente a las Cortes con pancartas en las que se podía leer "ayuda a domicilio, víctimas de la precariedad, por un convenio digno", "desbloqueo del convenio de ayuda a domicilio ya", "por la dignidad en el trabajo y un convenio justo" o "ayuda a domicilio privatizada, ayuda a domicilio precarizada".

Durante la protesta convocada por UGT y CCOO, en la que han cantado y bailado ante el Parlamento autonómico para reclamar la negociación del convenio, una representación de trabajadores, que ha contado con los secretarios regionales de ambos sindicatos, Faustino Temprano (UGT) y Vicente Andrés (CCOO), se ha reunido con todos los grupos parlamentarios para hacerles llegar sus reivindicaciones --los portavoces de PSOE, Podemos e IU también han salido a la calle a mostrar su apoyo a los manifestantes--.

La responsable del Sector de Servicios Sociosanitarios de UGT en Castilla y León, Fonsi Bonafonte, ha afirmado que los grupos se han mostrado receptivos por la precariedad de su trabajo, pero no ha añadido que lo que quieren es que sean partícipes de la responsabilidad que tiene la Administración competente, que ha delegado en las diputaciones y ayuntamientos la prestación del servicio.

Por ello, han reclamado la creación de una comisión de seguimiento en la que estén la Administración, la patronal y los sindicatos para ver a dónde va el dinero que se destina a este servicio, y que ha acusado a las patronales de utilizar la "táctica" del beneficio económico "usurpando derechos" de los trabajadores.

En este sentido, Bonafonte, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que la Administración "vende" este servicio como "nicho de empleo", pero considera que debería analizarlo también en términos de jornada, ya que la media semanal de trabajo por empleado es de 18 horas y los salarios en muchos casos no llegan a 400 euros. "No pueden permitir una vida digna y autónoma", ha aseverado.

Por su parte, la secretaria general de Construcción y Servicios de CCOO en Castilla y León, Lourdes Herreros, ha criticado la falta de "avance" en la negociación de un convenio cuya vigencia venció a finales de 2016.

En este contexto, tras las concentraciones ante ayuntamientos y diputaciones y las Cortes, ha adelantado que el día 6 de junio habrá un acto ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) ante el que han pedido mediación y al que han comunicado la convocatoria de huelga los días 18 y 26 de junio si no hay acuerdo alguno.