La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han vuelto a movilizar este miércoles, como ya hicieran hace dos semanas, a los funcionarios de Justicia ante la “inaceptable actitud del Ministerio negando la negociación colectiva”. En Salamanca, la concentración de delegados y trabajadores se ha llevado a cabo este mediodía en los Juzgados de la plaza de Colón.

Los sindicatos explican que han pasado más de diez días desde que se presentaron cerca de 10.000 firmas al Ministro de Justicia solicitando la apertura de la mesa de negociación. Y han pasado más de tres meses desde que los cuatro sindicatos presentaron al Ministerio un escrito con una tabla reivindicativa pormenorizada que afecta a todos los Cuerpos de Justicia desde Letrados hasta Cuerpos generales y especiales. "Mientras tanto el Ministerio sigue dando la callada por respuesta a las justas reivindicaciones de los funcionarios de Justicia del ámbito del ministerio no cumple con los acuerdos de 2015 y machaca a los Juzgados creándolos sin medios, imponiendo un modelo de oficina judicial y fiscal rígido y derrochando el dinero en una tecnología que no sirve para ayudar sino para ahogar aún más a los órganos judiciales y fiscales".

Para los sindicatos, la mesa de negociación se hace imprescindible !para acabar con la grave discriminación salarial que sufren los funcionarios y funcionarias de Justicia del ámbito del Ministerio, que alcanza la diferencia salarial de 500 euros al mes en el complemento específico por pertenecer a los mismos cuerpos nacionales, asumir las mismas responsabilidades, realizar las mismas funciones y acceder a estos cuerpos por la misma vía".

También se reclama la recuperación del complemento de violencia sobre la mujer y establecimiento de complementos en otros órganos especializados, revisión de la normativa de guardias e incremento de las retribuciones por este concepto y revisión de la retribución por insularidad.

Por otro lado, "la implantación a las bravas de la oficina judicial y fiscal, así como del expediente digital están causando más problemas que beneficios a la prestación del servicio público. La primera se trata de una operación cosmética que lleva al absurdo de crear oficina judicial donde sólo hay un Juzgado o a crear servicios comunes con tres funcionarios de auxilio. La segunda, se trata de una operación de despilfarro de dinero público en un proyecto llamado Justicia digital que se desarrolla sobre unos programas claramente obsoletos en su diseño y concepción, carentes de compatibilidad salvo que se recauchuten y parcheen continuamente y limitados en su capacidad".