La Diputación de Salamanca ha celebrado este martes pleno de la Corporación provincial, en cuyo orden del día destacaba en primer lugar la propuesta de aprobación del protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo.

Los diputados de los cuatro grupos han dado el visto bueno a este documento que, según el diputado del PP José María Sánchez, es "pionero" por lo que contiene y cuya elaboración ha sido "una prioridad" para el equipo de Gobierno.

Por su parte, los diputados del Grupo Socialista y del Grupo de Ganemos, Beatriz Martín y Gabriel de la Mora, respectivamente, han hecho hincapié en que el protocolo debería "estar en marcha hace muchos años". No obstante, "nunca es tarde si la dicha es buena", ha añadido De la Mora.

En cuanto al Grupo de Ciudadanos, el diputado Jesús de San Antonio ha reseñado que se trata de un documento "complejo" y que espera que "no se quede en un cajón" en el caso de que se diese algún caso de este tipo de violencia en el trabajo.

Según recoge el informe aprobado en el pleno, "la Diputación de Salamanca, consciente de que cualquiera de sus empleadas o empleados públicos puede ser víctima de violencia laboral, ha considerado necesario actuar de forma coordinada con el compromiso de las partes (empresario y trabajador) para prevenir esta violencia, estableciendo un protocolo de actuación en el que se definen procedimientos para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral".

El protocolo elaborado, "fruto del debate y el consenso en el Comité de Seguridad y Salud" de la corporación, se plantea ahora como "una herramienta de uso común en el conjunto de la Diputación, sin menoscabo de su adaptación a las características y problemáticas específicas de cada unidad, departamento, centro de trabajo u organismo autónomo", añade el mismo texto tratado en el pleno.

Críticas a la gestión de Sacyl

La parte más interesante llegó con las mociones, la primera de ellas del Grupo Popular para mejorar la gestión de las listas de espera en el complejo hospitalario de Salamanca, es decir, el malestar del PP de Salamanca hacia la gestión del PP que gobierna en la Junta de Castilla y León. Los partidos de la oposición la apoyaron y presentaron otra moción conjunta en defensa de una sanidad pública, profesional y de calidad.

Según el diputado popular José María Sánchez, "en Salamanca los datos ya son intolerables" debido a la "gestión errónea" llevada a cabo, tal y como ha incidido, por el Sacyl. Sánchez ha criticado que, siendo el hospital de Salamanca de Nivel IV, haya pacientes que tengan que "desplazarse a hospitales de otras provincias" y que, a pesar de esas medidas, las listas sigan superando la media de espera de la Comunidad. "Detrás de cada paciente hay una persona", ha añadido.

Y, ante esta situación, el diputado del PP ha señalado que el Grupo Popular de la institución provincial se ha puesto "al frente" de la reivindicación para "defender a pacientes" y "respaldar a los profesionales" que trabajan en las instalaciones hospitalarias de Salamanca.

Por su parte, los tres grupos de la oposición, Socialista, de Ciudadanos y de Ganemos, han apoyado el texto por el "retraso considerable" al que se enfrentan los ciudadanos inmersos en el proceso de intervención quirúrgica. No obstante, aunque han apoyado el texto, tanto los diputados socialistas como el de Ganemos han criticado que la moción sea "hipócrita" por estar la gerencia también en manos de "las políticas del PP" y que llegue a las puertas de "tiempo electoral".

En cuanto a la petición concreta, la Diputación insta a la Gerencia Regional de Salud a que "adopte las medidas de gestión mediante las cuales los pacientes de la lista de espera quirúrgica del Complejo Asistencial puedan ser intervenidos en el Complejo Asistencial de Salamanca por los profesionales de este complejo".

Asimismo, la moción también pide que "adopte las medidas oportunas de adecuación de los recursos a la demanda para que los pacientes de la lista de espera quirúrgica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca sean intervenidos por los profesionales de este complejo".

Respecto a la moción de la oposición también sobre la sanidad, que ha contado con el respaldo de los ediles del PP y la abstención de Ciudadanos, piden a "los responsables políticos de la sanidad en Castilla y León" a "acabar con los recortes y recuperar, cuando menos, el equivalente al presupuesto sanitario alcanzado en 2010, con un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria, especialmente en el medio rural".

El texto, aprobado tras el debate en el pleno ordinario de este martes en La Salina, recoge también la petición de "recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público y fidelizar a sus profesionales acabando con la precarización laboral, eliminando los contratos basura, las interinidades indefinidas y los puestos 'comodín', al tiempo que se protege la carrera profesional".

Asimismo, la moción insta a la Junta a que "no se cierren plantas y camas hospitalarias" y "utilizar intensivamente los recursos que tiene la sanidad pública, mediante la contratación del personal necesario, para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada".

Uno de los apartados del documento solicita también "nombramientos de gerentes atendiendo a su perfil profesional, no político, e introducir medidas de transparencia de su gestión económica mediante auditorías independientes".

Asimismo, dentro de los puntos del documento aprobado, la Diputación aboga por "un modelo de sanidad cien por ciento pública", implementar programas de prevención y promoción de la salud, acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rurales, "restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro territorio", un cumplimiento "riguroso" de la ley de incompatibilidades y poner cauces "eficaces" de participación social y profesional.

Otras mociones

Otras mociones de los populares se centraron en asumir el compromiso por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y apoyar y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Por su parte, los grupos Socialista, Ciudadanos y Ganemos reclamaron la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la mejora de sus condiciones sociolaborales.

Por otro lado, el Grupo Socialista propuso el apoyo a la industrialización de la provincia; la defensa de la igualdad salarial, real y efectiva, entre hombres y mujeres; la defensa del mantenimiento de las oficinas bancarias en el medio rural; y la defensa del bordado popular de la Sierra de Francia, esta última aprobada por unanimidad para reclamar el apoyo de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España para que pueda ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Además de solicitar el apoyo del resto de administraciones, el texto aboga por "apoyar las distintas iniciativas puestas en marcha para la investigación, el reconocimiento, la salvaguarda, la puesta en valor y la innovación del patrimonio inmaterial del bordado popular de Sierra de Francia".

Mientras, Ciudadanos reclamó la creación de una mesa de control y seguimiento de las mociones aprobadas en los plenos provinciales. Su portavoz, Manuel Hernández, ha celebrado que la Diputación salmantina “haya aprobado, por unanimidad, la iniciativa de Ciudadanos para crear una mesa de control y seguimiento de las mociones que se aprueban en el Pleno”.

“Con esta medida, que queremos que se implemente en el primer semestre de este año, conseguiremos que haya mayor control para conocer si las iniciativas que se aprueban en sesión plenaria llegan a buen puerto”, ha manifestado Hernández durante su intervención en el Pleno de la Diputación. De esta manera, ha explicado el portavoz de Ciudadanos, “se evitará que algunas iniciativas tarden en llevarse a cabo o se queden en el limbo” y “habrá más transparencia en las instituciones públicas”.

Finalmente, Ganemos propuso luchar contra las viviendas vacías y facilitar el acceso a los parques públicos de vivienda, otra moción contra el recorte de las plantillas de maestros y profesores, otra en defensa de la libertad de reutilización de las semillas por los agricultores y la mejora de las políticas de apoyo al sector agrario, para la regulación de la cesión de espacios y edificios de la Diputación de Salamanca y una última en apoyo a la petición de declarar el 6 de febrero como el Día Europeo de las Víctimas de las Fronteras.