Responsables de Iberdrola han reconocido que la exigencia de la entrada de socios locales en los parques eólicos suponía una reducción de los beneficios y se asumían como gastos de estas operaciones, aunque las decisiones de invertir en los mismos se hacía porque eran rentables.

Así se ha puesto de manifiesto durante la declaración como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que investiga la denominada 'trama eólica' sobre autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad, de Rafael Icaza, que ha tenido responsabilidades en Iberdrola y su filial de renovables Ibercyl; Xavier Viteri, con responsabilidades en el negocio de renovables de la empresa y su antecesor, Pedro Barriuso.

Según ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el abogado de Ecologistas en Acción --que ejerce la acusación popular--, Emilio Martínez, se ha puesto de manifiesto que hay una "voz" de la Junta que exige socios locales, al igual que han manifestado otras personas que han declarado ante el Juzgado, pero además responsables de Iberdrola como Pedro Barriuso han reconocido que había una reducción de beneficios con su entrada.

Esta circunstancia, según el letrado, se asumía como algo "normal" y se computaba como un gasto dentro de unas operaciones que aún así resultaban rentables, de forma que "quien es víctima" de la exigencia de un socio local, que supone una merma de beneficios lo asume "como gasto a mayores del negocio".

Precisamente el representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, Ricardo Bravo ya reconoció que la Junta de Castilla y León exigía la existencia de "socios locales" para que la tramitación de los parques eólicos fuera "más rápida".

Así, ante estas declaraciones, Martínez cree que lo que ya es "innegable" y cada vez está más consolidado es que la Junta exigía socios locales, "un hecho que trasciende del nivel de indicio para ser un hecho probado", aunque ha aclarado que será como lo denomine una sentencia.

Además, el abogado ha señalado que los responsables de la eléctrica han señalado que este tipo de exigencias es "en todo el mundo", pero el abogado ha incidido en que no hay ley que lo diga en España, pero se asumía como gasto porque de lo contrario no se conseguían los megavatios, de manera que no se ve "como una especie de chantaje" sino que se sumaban como costes formales.

Según Martínez, se han puesto de manifiesto reuniones con el que entonces fuera consejero de Economía, Tomás Villanueva, repentinamente fallecido el 7 de septiembre, y el viceconsejero Rafael Delgado que se han circunscrito en las relaciones institucionales que podía tener Iberdrola con la Junta, pero eran unos "segundos" los que hacían las exigencias.

"Parecer ser que todas las compañías eléctricas se han debido comer un marrón de estos", ha agregado el abogado de Ecologistas en Acción, quien ha señalado que otro de los investigados, Xavier Viteri, ha apuntado el interés y la rentabilidad económica que, a pesar de estas exigencias, tenían las operaciones tras la recompra de acciones, que ha asegurado que se hacían "a precio de mercado".

Fallecimiento de Villanueva

 El cuanto a la repentina muerte de Tomás Villanueva el pasado 7 de septiembre, el abogado de Ecologistas en Acción ha incidido en que habrá que ver qué estrategias se cambian ahora porque considera que a algunos de los acusados les puede perjudicar "enormemente".

En este sentido, tras recordar que la responsabilidad penal del que fuera consejero se extingue con su fallecimiento, ha apuntado que no se espera que haya retrasos pero las estrategias cambiarán dado que hay cosas que se esperaban que aclarase y que ya no se le pueden preguntar.