El grupo parlamentario de Podemos ha anunciado su intención de presentar antes de que acaba el mes de febrero una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para crear una comisión de investigación sobre las condiciones de la fusión de las cajas de ahorro España y Duero y la quiebra posterior, tras su fusión, la intervención del Gobierno y posterior absorción por Unicaja, en el año 2012.

Todo este proceso trajo consigo la inyección por parte de las arcas públicas de casi 800 millones de euros a través del Frob, el despido de más de 1.500 empleados, el cierre de todas las oficinas de la entidad fuera del territorio histórico y de varias decenas en provincias como León, donde esta misma semana han sido clausuradas oficinas emblemáticas en pueblos de las cuencas mineras como Cabrillanes o Matarrosa del Sil. En estos pueblos, sus vecinos han promovido manifestaciones, recogida de firmas y actos de protesta sin resultado alguno. La Caja ha respondido con el flete de dos nuevas oficinas ambulantes, que atenderán a los clientes de estos pueblos dos días a la semana, como máximo.

La iniciativa de Podemos va a coincidir con la vuelta a los juzgados de todos los miembros del último consejo de Caja España, investigados por administración desleal al autorizar, con el beneplácito del Banco de España y de la Consejería de Economía de la Junta, el endeudamiento del entonces presidente y constructor Santos Llamas, por encima de los 76 millones de euros. La Audiencia Provincial acordaba en enero rechazar el recurso de archivo de la investigación y proseguir con las diligencias, abiertas a instancias de Izquierda Unida.

Los peritos del Banco de España volverán a declarar en los juzgados de León capital a partir del próximo 19 de marzo y, seguidamente, irán prestando declaración los que hasta el año 2012 eran miembros del consejo de administración, entre ellos el hoy coordinador nacional del PP y presidente del PP de Zamora, Fernando Martínez Maillo, o el concejal popular del Ayuntamiento de la capital leonesa, Javier García prieto.

Izquierda Abierta de León ha solicitado esta misma semana la dimisión de sus cargos de esto dos políticos del PP y que el Banco de España abra una auditoria sobre la gestión de Caja España en los años de la bonanza económica.