Este lunes, los procuradores socialistas José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, defenderán en la Comisión de Sanidad una propuesta de resolución en relación con el suministro de la hormona del crecimiento. En concreto, el PSOE solicitará que se revisen los criterios que aplica el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León, así como la revisión de los casos en los que el especialista hubiera o haya prescrito tratamiento con Hormona del Crecimiento (GH) y, que, con efectos retroactivos, se proceda al reintegro de gastos farmacéuticos derivados que se justifiquen.

En Zamora, el caso más sonado es el de Sara Gato, una niña que padece la enfermedad de Sprengel en los músculos, y que es la única persona afectada en Europa. Sus padres recaudan fondos desde hace años para poder costear los 30.000 euros que le cuesta la hormona del crecimiento. El comité asesor que autoriza la hormona se la ha denegado.

Se justifica esta propuesta por las continuas sentencias de los tribunales de justicia que han venido condenando a la Junta de Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/ o farmacéuticos ocasionados por el tratamiento con Hormona del crecimiento (GH), una vez que, a pesar de ser prescrito por los facultativos de la Sanidad pública, sin embargo fueron denegados por el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León. Existe una jurisprudencia estimatoria de que debe ser la administración sanitaria la que debe garantizar el derecho de los pacientes a la prestación farmacéutica; respecto a esto están sentencias del TSJ de 28 de abril de 2014, de 18 de mayo de 2011, de 6 de abril de 2011, de 5 de octubre de 2007, de 4 de febrero y 28 de octubre de 2009, de 4 de junio de 2008, etc... Recientemente, dos nuevas recientes sentencias de los tribunales de Burgos, han vuelto a dar la razón a los padres, al dictar que es la prescripción médica de la hormona del crecimiento lo que prevalece sobre el dictamen del Comité Asesor y por tanto ordenan que se abone su coste a las familias.

Indica Martín Benito que la media de un tratamiento con GH supone a las familias una media de 30.000 euros. "Sin embargo, la Junta de Castilla y León prefiere que las familias acudan a los tribunales, a sabiendas de que va a perder los procesos". En efecto, la Junta pierde el 95 % de las demandas sobre el suministro de la hormona del crecimiento. Sin embargo son muchas más las familias que desisten de ir a la vía judicial, por falta de recursos (desde 2010 hasta septiembre de 2015 de 225 solicitudes denegadas, sólo 22 se animaron a la demanda en los tribunales). "Y, también, por falta de recursos, sus hijos se quedan sin el tratamiento, con el consiguiente riesgo para la salud propia por una falta de maduración de los órganos internos, y problemas derivados para la asistencia de la Sanidad a largo plazo".

A este respecto, Martín Benito recuerda también la Resolución del Procurador del Común de 9 de octubre de 2011 dirigida a la Junta de Castilla y León: “Que de forma inmediata se impartan las instrucciones necesarias para garantizar en la forma indicada en el cuerpo de esta resolución el derecho de los pacientes a la prestación farmacéutica de Hormona del Crecimiento evitando así el gravamen que supone para el particular tener que acudir a la vía judicial en reclamación del derecho que le asiste”.