El polémico chalet del ex alcalde de Benavente, Saturnino Mañanes, cuya legalidad cuestionó el propio Ayuntamiento que él mismo presidía, lo que le llevó a abandonar la Alcaldía para enfrentarse al asunto judicial, no será finalmente demolido. Así lo determina el Contencioso Administrativo, que se basa en un cambio jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia, y que anula el expediente de ilegalidad presentado por el Consistorio benaventano.

Ahora con PSOE-IU al frente, el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Benavente explica que, aunque "respeta y acata la sentencia judicial dictada", lo cierto es que considera que se han realizado todas las actuaciones debidas para promover la restauración de la legalidad en la construcción del ex alcalde y que, "lamentablemente, la consecución de la restauración de la legalidad y, por ende, la obtención de una justicia real, no ha podido conseguirse".

Y es que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado la demanda interpuesta por la familia del ex alcalde por una cuestión "puramente de excepción procesal".

En estos momentos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están sopesando la viabilidad de interponer recurso de apelación, "aunque siendo la doctrina aplicada al caso la del órgano judicial que debería resolver el caso en apelación hace que inicialmente se considere desaconsejable la interposición de dicho recurso pues su desestimación sería lo previsible acarreando unas costas judiciales para el erario municipal".

No obstante, el equipo de gobierno considera que "la sentencia no varía para nada el hecho sustancial de que hubo una infracción urbanística". Sostiene, además, que la resolución
"tampoco invalida el hecho fundamental de que las obras realizadas eran ilegales y no legalizables. La edificación objeto de este contencioso no dejará por ello de hallarse fuera de
ordenación".

Asimismo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benavente quiere dejar constancia, de forma clara y rotunda, que será inflexible al respeto de la investigación, tramitación y restauración de la legalidad respecto de las construcciones y actividades que se realicen en zonas inundables en las que esté prohibido o limitado las construcciones, tal y como ha venido siendo durante el presente mandato. Por tanto, el contenido de la resolución no variará los efectos urbanísticos que pesan sobre la zona de la pradera, zona inundable dónde no caben construcciones de este tipo, ni tampoco afectará a otros procedimientos similares pendientes de resolución.