Continúa la polémica por el futuro del soterramiento en Valladolid y las consecuencias de la última reunión de la Sociedad Alta Velocidad. Después de que el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, cargara con dureza contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ahora la entidad dependiente del Ministerio de Fomento rechaza que fuera la responsable de "dinamitar" un posible acuerdo sobre el soterramiento del ferrocarril en la capital y ha defendido su predisposición para buscar una solución.

Tras mostrar su "sorpresa" en la entidad pública por las declaraciones de Saravia, Adif ha recordado en un comunicado remitido a Europa Press que la convocatoria de una Junta General extraordinaria en la que previsiblemente se tratará el concurso de acreedores fue votada "por unanimidad" por el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad el pasado 27 de diciembre.

El administrador ferroviario ha insistido en que las palabras del edil "no sólo no se ajustan a la realidad, sino que no hacen justicia a la predisposición que en todo momento han tenido Adif, Alta Velocidad y Renfe, en representación del Grupo Fomento".

Asimismo, ha enfatizado que "fue precisamente el Ministerio de Fomento" quien propuso que Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe adelantaran los recursos financieros necesarios para hacer frente a los vencimientos de la deuda de la Valladolid Alta Velocidad correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, con lo que se cubría así el descubierto generado por el impago del Ayuntamiento de Valladolid, con el objetivo de "obtener de los bancos una prorroga de un año tanto para renegociar la deuda pendiente como para consolidar un plan de viabilidad para la propia Valladolid Alta Velocidad".

"Con el pago por anticipado, Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe hubieran saldado definitivamente el 50 por ciento de la deuda de Valladolid Alta Velocidad, que les corresponde con su participación", añade el comunicado, que señala que esta propuesta suponía que el resto de los socios (Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León) hicieran frente a la cantidad pendiente de la deuda de la Sociedad con las entidades financieras y a los intereses del resto de la deuda devengados durante 2017 y siguientes.

El consejo de administración de Valladolid Alta Velocidad, celebrado el pasado 27 de diciembre, en el que estaba presente el consejero Manuel Saravia, debatió esta propuesta, que fue aceptada por la Junta de Castilla y León, pero "rechazada por los consejeros nombrados por el Ayuntamiento de Valladolid".

Ante esta tesitura, el Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad acordó por unanimidad convocar Junta General de Accionistas con carácter extraordinario para tomar las medidas pertinentes, entre las que, dadas las circunstancias descritas, se contempla la solicitud de posible concurso voluntario de acreedores. "El consejero Manuel Saravia dio su visto bueno con su voto a las medidas aprobadas por el Consejo y en ningún momento mostró disconformidad alguna con los planteamientos expuestos", concluye Adif.