Soy uno de los tres socios de una pequeña empresa de distribución de equipos de energías renovables.
Creíamos que por suerte la exportación, que supone un 60% de nuestra facturación, era nuestra salvación de cara a hacer la empresa sostenible. Por desgracia ha sido el motivo de cerrar la empresa en dos ocasiones.
La primera fue cuando realizando declaraciones trimestrales de IVA empezamos a recibir pedidos para ventas intracomunitarias en un mes de septiembre. A 31 de diciembre teníamos acumulados cincuenta mil euros que finalmente recibimos a fecha 30 de junio siguiente. Para una empresa como la nuestra es la vida.
Inmediatamente nos dimos de alta para liquidar el IVA mensualmente, pensando que recibiríamos con antelación los importes siempre negativos que generábamos. El resultado es que se juntaron hasta 5 expedientes sin recibir la cantidad correspondiente.
Actualmente estamos en el SII creado por la Agencia Tributaria en donde se comunican las facturas emitidas y recibidas con datos fiscales y todos los elementos necesarios para agilizar el control. Aún así se siguen demorando los expedientes.
La moraleja es que el Estado, en este caso la Agencia Tributaria, crea un sistema para un mayor control de la fiscalidad e impuestos, pero las empresas que lo aceptamos y dedicamos un mayor tiempo a su prestación recibimos el mismo trato que aquellas que en una declaración trimestral presentan números que pueden manipularse para adaptarlos a sus intereses.