Años atrás conocimos cuál iba a ser el final. Los análisis de brillantes gentes parecían lejanos, casi imposibles e inalcanzables para nuestra mente. El ayer y mañana más temido han llegado desde hace tiempo a nuestros días. Ahora tocan lamentos.
Las condenas por delitos de terrorismo siempre nos parecieron bien, de manera general. El asesinato de una persona se acostumbraba a sentenciar con 25 ó 30 años de privación de libertad en un establecimiento penitenciario. Esas medidas «estarán orientadas a la reeducación y resinserción social», según la Constitución Española de 1978. Los más sanguinarios asesinos de la banda ETA acumulaban una tras otra una pila de años «a la sombra». Se sumaban los delitos de pertenencia a banda armada, estragos, así como las multas correspondientes y se convertían en más tiempo de condena, dada la insolvencia sin «obligaciones voluntarias». Sus acciones deberían haber sido compensadas por sus familias. Esos lazos de sangre o relación familiar son culpables de la pésima educación de sus vástagos, que causaron tanto daño en la sociedad y en el futuro de españoles. Por tanto, las sentencias nunca se cumplen de manera completa.
No, no se hizo nada, hasta la llegada de la violencia callejera a su punto más álgido: quema de autobuses. De esas acciones recuerdo cómo se puso Iñaki Anasagasti cuando su tía, mujer de avanzada edad, fue obligada a descender de uno de ellos, ya que los «chicos de la gasolina» —versión Arzallus— iban a pegar fuego al transporte. ¡Qué vileza tratar así a las matriarcas de las sociedades vasca y española! El gobierno de José María Aznar elaboró una ley para que los padres pagaran los daños ocasionados por sus hijos. Mano de santo: se acabó el problema.
Cuerpos tendidos en la calle con los miembros desmembrados; la mirada perdida de los secuestrados al recuperar la libertad después de cientos de días enterrados en vida dentro de lúgubres agujeros; el rostro de niños sujetando el tricornio de su padre tras el sepelio; una madre con el alma rota ante el féretro que acoge el cuerpo de su hijo. Ese olor a carne y hierro quemados, que conservamos en el interior y cuyo recuerdo acude a nosotros en cuanto algo se tuesta en el día a día, ya en el domicilio, ya en la calle. Aquellos ruidos secos, imprevistos, que nos golpean cuan losas de mármol en la memoria. En resumen, «El abismo de los seis sentidos» vuelve de manera periódica en cuanto el gobierno concede beneficios penitenciarios a quienes hurtaron la vida y el futuro de sus víctimas. Las víctimas del terrorismo somos las únicas en cumplir la sentencia de manera íntegra.
Los diferentes gobiernos de España han tenido oportunidades para legislar con mayorías absolutas y no depender —como en la actualidad— de proetarras, separatas y otras rastreras formaciones. El punto de inflexión fue el día 11 de marzo de 2004. Los atentados ocurridos en Madrid dieron un vuelco a las elecciones generales. El gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, negoció con ETA; se elaboraron actas de cada sesión negociadora y se mantienen ocultas, año a año, desde aquellas fechas, en contra de los diferentes «gobiernos de la transparencia», que han ido pasando por el Palacete de la Moncloa.
La legislación penitenciaria de cumplimiento de las condenas siempre corre a favor de los internos. Ellos, dotados de todos los derechos y ningún deber, esgrimen su condición de ser humano. Esos condenados por delitos compatibles con la lesa humanidad, esgrimen el derecho a la libertad cuando poco tiempo atrás negaron la vida de otros ciudadanos. Esas gentes, con ideología bastarda y asesina, pretenden estar muy por encima del resto de humanos y tener la verdad suprema de su lado. Los gobiernos, todos los gobiernos, independientemente del color e ideología, han entregado facilidades y ponen en libertad a esas malditas «personas». Recordaremos cómo se acató una sentencia individual para hacerla extensiva a cien asesinos, violadores y pederastas, cuando de ese tribunal «europeo» sus sentencias no son de obligado cumplimiento.
El gobierno actual tiene el apoyo de los herederos de ETA —formato político—. Es más, negoció con ellos para gobernar Navarra, cuando podía haber pactado el apoyo de otros partidos y evitar el oprobio. Ha olvidado «la» PSOE a sus propios afiliados, militantes y simpatizantes asesinados para lanzarse en manos manchadas de sangre, no digamos al resto.
Los compañeros de partido se quejan de manera amarga, muy sentida y con toda la razón. Ver a asesinos terroristas tomar la calle en cuanto salen por la puerta sin mirar atrás, recibidos cuan héroes en hedor de multitudes, es una nueva herida.
Tenemos razón; las víctimas siempre tuvimos, tenemos y tendremos razón frente a los delincuentes. Las asociaciones «mayoritarias» piden «reunión urgente» con el gobierno. ¿Qué les van a contar que no sepan o son ladridos de caniche en la lejanía?
Llegan los lamentos; las víctimas estamos a un paso de la clandestinidad.