Ante la calamidad de la pandemia, desde los grandes medios de comunicación oficialistas trataron muy pronto de inocular en la población confinada una lírica de resistencia social. El shock de las primeras semanas de confinamiento condujo a un trauma colectivo que postró a gran parte de la población frente al televisor.
El bombardeo de la comunicación institucional y de los teleñecos del oligopolio televisivo anestesiaron a buena parte de la sociedad y la escasa disidencia quedó enjaulada en las cacofonías de las redes virtuales, que junto con algunos medios digitales minoritarios es donde aún se respira cierta libertad de pensamiento, expresión y opinión.
Como otras tantas veces en la historia reciente de nuestro país, lo emotivo y pasional ofuscó el juicio racional sobre la realidad, siempre compleja y polimórfica. La progresiva devolución de las libertades durante la desescalada dificulta elaborar una reflexión autónoma que motive acciones cívicas y judiciales orientadas a esclarecer los hechos y atribuir las correspondientes responsabilidades. Cualquier activismo que se dé desde ahora tendrá que luchar contra la recurrente amnesia que tantas veces ha afectado a la sociedad española y que tanto ha favorecido la tradicional impunidad de nuestros dirigentes políticos.
En primer lugar, el respeto a los miles de víctimas mortales, enfermos graves y sus allegados exige afrontar ese juicio crítico sobre la grave realidad objetiva de nuestro país durante la sufrida emergencia sanitaria y social. Es momento de que prevalezca la necesidad de esclarecer los hechos, para dilucidar las relaciones de causalidad que establezcan las distintas responsabilidades políticas, administrativas, civiles y en su caso penales de los principales actores e instancias gubernamentales.
Contribuir a esta reflexión es apremiante teniendo en cuenta que España ha sido el peor país del mundo en términos relativos (por habitante) en gestionar la pandemia y muy posiblemente también lo sea en materia de gestión e impacto socioeconómico de sus consecuencias. Unos efectos que podrían haber sido mitigados si no hubiera existido tanta negligencia e incompetencia desde las instancias de la gestión pública en los momentos más cruciales (enero, febrero y primera quincena de marzo). Comenzamos a saber estos días que se subestimaron los informes técnicos preliminares que aconsejaban mucha mayor precaución en las actuaciones administrativas. Se desoyeron a los especialistas en la materia para así priorizar las agendas ideológicas del entonces recién estrenado gobierno.
En segundo lugar, una reflexión crítica, directa y autónoma debe hacerse también por respeto a nuestro personal sanitario, obligado por el gobierno a trabajar desde la mitad de marzo hasta comienzos de mayo en condiciones de grave desprotección para su salud. Protección laboral que deberían haber previsto y procurado a tiempo sus empleadores, los gestores estatales. Resulta llamativo que se extraigan cuantiosos recursos del bolsillo de los contribuyentes netos para multitud de gastos públicos, prebendas y sinecuras, pero no hubo material sanitario para nuestros profesionales. Si el Estado no protege a la población ni a sus propios servidores, incumple su parte del contrato social.
En tercer lugar, es necesario que la sociedad en su conjunto reflexione y haga autocrítica. ¿Cómo hemos consentido estar gobernados por ministros y altos cargos sin cualificación ni experiencia profesional acreditada sobre el ramo que dirigen y administran? ¿Cómo se ha llegado a una situación en la que el poder ejecutivo de un Estado como el español queda en manos de politicastros mendaces, dispuestos a ostentar los oropeles del poder pero no a asumir las responsabilidades inherentes a sus cargos?
Hemos permitido estar gobernados por charlatanes que sin el menor pudor hacen gala de la defensa de lo “público”, cuando en la práctica, por su deficiente gestión, se vieron abocados a tomar tarde y mal medidas drásticas de confinamiento que han hundido las finanzas públicas e hipotecado las arcas públicas. El cinismo de esta casta populista gubernamental es tan mayúsculo que ahora desde sus salones palaciegos exigen lealtad institucional a los opositores cuando paradójicamente sus propias huestes, apenas hace seis años, clamaban por la dimisión de un gobierno de signo contrario y convocaban hasta veinticuatro manifestaciones para vociferar contra el partido entonces en el poder por un virus (el ébola) que mató a dos personas en España (contagiadas en el extranjero), infectó a una enfermera y causó el sacrificio de un perro.
Es momento de que la sociedad civil se sobreponga a la “nueva normalidad” y a las inercias conductuales y mentales que se quieren imponer. Es momento de revisar los hechos y examinar las causas profundas de lo acontecido con criterios fundados, sin caer en la tentación de asumir los mantras del duopolio televisivo ni ninguna de las consignas oficialistas.