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La gran estafa y el fraude de la ley

Dolores Delgado y Pedro Sánchez.

Dolores Delgado y Pedro Sánchez.

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En breve tomará posesión como fiscal general del Estado la señora Dolores Delgado, sin solución de continuidad a su indigno paso por el Ministerio de Justicia como Notario Mayor del Reino, altísima responsabilidad, denigrada en su caso, y que solo debería ser desempeñado por personas de probada e intachable honorabilidad.

Quien ha mentido gravemente, negando haber compartido mesa y mantel, quizá algo más, con un juez cesado por prevaricación, para celebrar ambos las tropelías ilegales de un policía corrupto, hasta el extremo más punible. Y que, prevaricando, jamás fueron denunciadas por la fiscal Dña. Dolores, como era su ineludible obligación.

Ruego, respetuosa y encarecidamente, a la inminente nueva máxima autoridad del Ministerio Fiscal que se apresure, como primera medida urgente en su agenda, a solicitar el procesamiento del responsable de la mayor estafa ocurrida en España. Y mira que ha habido muchas enormes, pero ninguna había alcanzado, ni de lejos, a casi 35 millones de ciudadanos residentes en España y 2 millones residentes en el extranjero con derecho a participar en la convocatoria de 10 noviembre 2019.

Sánchez, ese personaje sin escrúpulos que hoy ocupa el palacio de La Moncloa, convocó a las urnas a tantísimos damnificados bajo pretexto de no querer, de ninguna manera, llegar a Presidente pactando con nacionalistas, golpistas y filo-etarras. Ni menos formar gobierno con comunistas bolivarianos, porque ello le acarrearía tan tormentoso remordimiento de conciencia que no le permitiría conciliar el sueño, ni tampoco al 95% de los españoles, siguiendo literalmente su soflama electoralista.

Decía que unos querían por cualquier medio destruir la unidad nacional y los otros nos llevarían a la cartilla de racionamiento, contra la economía de mercado, a la supresión de la libertad de la educación y de los medios de comunicación. Sin embargo, no habían transcurrido 24 horas desde la finalización del escrutinio, cuando, un fatídico lunes 11 de noviembre, el embustero candidato hizo pública su determinación de llevar a completo término la tropelía para cuya evitación nos había convocado a elecciones.

Consumaba así, con la más cínica desfachatez imaginable, el mayor fraude electoral del período democrático posterior a la bendita reconciliación española del 78, hoy en cuestión por todos sus socios y buena parte de sus afiliados. Más de 24 millones de españoles fuimos estafados, convocados a las urnas, estafados para nada.

Especialmente damnificados fueron los 6,75 millones que todavía le dieron su confianza, si bien, por fortuna para ellos, más de 750.000 que se la habían dado en la convocatoria anterior, el 28 abril, evitaron formar parte de este grupo, negándole su apoyo.

El voto otorgado por los ciudadanos de a pie, que no vivimos de la política, es un crédito a los candidatos que lo reciben, un débito contra sus promesas electorales. Y si luego las incumplen, habrán incurrido en un atropello contractual que en modo alguno debería quedar impune. ¿O es que solamente los contratos civiles y mercantiles están sujetos a cumplimiento, so pena de incurrir en duras responsabilidades civiles o penales? Basta ya de inmunidades parlamentarias y de que todos los comportamientos corruptos, nauseabundos, se queden en meras responsabilidades políticas, es decir, a la postre en nada.

En el flagrante caso que nos ocupa no puede quedar impune el incumplimiento de los compromisos que, esencialmente, justificaron y sustentaron la pasada convocatoria electoral de 10-N, de elevado coste económico (136 millones de euros sacados de nuestras costillas fiscales) e indecente burla social. Ha quedado más que evidenciado un doloso engaño a todos los ciudadanos de España. Pedro Sánchez ha timado a los 24,3 millones de españoles que acudimos a las urnas el pasado 10-N y merece un juicio sumarísimo por estafa, cuantiosa malversación de caudales públicos y, finalmente, alta traición, por negociar y pactar con los enemigos de España, condenados por sedición en algunos casos.

Pero temo que nada podemos esperar de una Fiscalía liderada en fraude de ley (de la idoneidad prefiero no hablar, como hizo el CGPJ). Y es que Doña Dolores no pertenecerá "de derecho" al PSOE, pero si "de hecho", de manera más que descarada. Y, en mi opinión, no cumple, por tanto, las exigencias de imparcialidad del art. 124 de nuestra Constitución, por más que lo haya acordado el Consejo General del Poder Judicial, demostrando con esto, que uno de los mayores problemas nacionales es que la Justicia está politizada. Y no, como se nos quiere hacer creer, que "la política está judicializada".