La sociedad civil catalana independentista cree abrazar una causa legítima bajo la institución de la desobediencia civil, cuando en realidad se trata de una obediencia civil estática a un gobierno autonómico autoritario.
Es imprescindible separar al gobierno de Cataluña de cada una de las personas que conforman la sociedad civil independentista catalana. Esto parece obvio, pero no está ocurriendo, gracias a la acción del gobierno autonómico y de los medios de comunicación públicos catalanes, que se afanan en que esa sociedad independentista crea y sienta que l'Estat Català es en realidad la sociedad civil independentista, que esa sociedad lleva los mandos, tira de las cuerdas y acciona los mecanismos para conseguir el objetivo de independizarse del resto de España.
Desde el Gobierno autonómico se ha hecho creer a la sociedad civil independentista que los gobernantes proindependentistas son meros altavoces del clamor del pueblo, ejecutores de los designios del poder democrático. Se ha inculcado la peligrosísima idea, completa y dolosamente falaz, de que la democracia consiste en que la sociedad gobierna y toma las decisiones. La sociedad es un inmenso y virtuoso cerebro y de los gobernantes sólo se necesitan sus manos ejecutoras y sus bocas a modo de altavoz.
Si de los gobernantes necesitásemos el cerebro, sería necesario ser cauteloso, selectivo y responsable. Cualquier cerebro no puede ocupar un puesto de mando, mucho menos de gobierno. Se necesita uno inteligente, confiable, responsable, inspirador, locuaz…Pero claro está, si de un político sólo necesitamos las manos y la boca, puede ocupar el puesto cualquier descerebrado que ejecute los designios sus votantes, sin vergüenza y con labia.
Esa idea ha calado tan hondo en la sociedad independentista, que cualquier persona que no comulgue con su objetivo es un enemigo de la democracia, lo que supone un ataque frontal a su sistema de organización social, un misil directo hacia los cimientos de la prosperidad.
Los sucesivos gobiernos y políticos independentistas han tergiversado el concepto de mandato popular y de representación política de una forma muy hábil, trasladando la responsabilidad de sus actuaciones políticas a sus votantes. El bloque independentista incita descarada y continuamente a la sociedad civil a rechazar cualquier ley o mandato judicial contrario al independentismo, otorgando a sus votantes el salvoconducto de la "desobediencia civil".
Y aquí está la clave:
1. Un gobierno no puede incitar a la sociedad a desobedecer una ley o autoridad que considere injusta. Si un gobierno quiere incumplir la ley, tendrá que enfrentarse a la responsabilidad que ello acarrea, pero de ningún modo puede hacer responsable a sus votantes del incumplimiento de las leyes.
2. La desobediencia civil implica necesariamente, entre otras muchas características obviadas por el discurso independentista, que sea la sociedad civil la que opte por no cumplir con una ley o mandato judicial. En el caso catalán ocurre al revés: el gobierno y sus medios llaman al pueblo a la desobediencia, trasladando la responsabilidad del incumplimiento.
3. Por lo tanto, la desobediencia civil de la que hace gala el independentismo es en realidad una fervorosa obediencia civil a su gobierno, que incita al incumplimiento de las leyes y los mandatos judiciales. Eso no es desobediencia, sino barbarie autoritaria.
Para los dirigentes independentistas, o l’Estat soc jo, o ellos son la sociedad civil. En el primer caso, se llama autoritarismo. En el segundo, no hay nadie al volante. Lo más preocupante es que, estando en cualquiera de esas dos situaciones, ahora mismo fluyen ideas cada vez más radicales que ya han desembocado en lo que todos nos temíamos: el terror de la violencia ideológica.