Derogar la Ley de Protección de Datos

Como tantos millones de españoles, ya he empezado a recibir la clásica correspondencia de propaganda electoral; el mismo despilfarro presupuestario que todos los años, aunque con un importantísimo agravante: esta vez las cartas, en lugar de ser anónimas -es decir, puro buzoneo-, van dirigidas a mi nombre y mi domicilio.

O sea, un atropello más, intolerable, de la Ley de Protección de Datos (LPD). Intolerable y -añadiría- escandaloso, porque para más inri cuenta con el beneplácito de las autoridades gubernamentales o judiciales, si no de ambas. Y los primeros que se han apuntado al atropello, al menos en mi pueblo, han sido los comunistas podemitas, esos inmaculados valedores de los derechos de "la gente".

La verdad, llega uno a hartarse de que aquí todo el que le da la gana, sobre todo si tiene poder político o influencia económica, se salte la LPD por el arco del triunfo e impunemente. La última tomadura de pelo, vergonzosa, fue el presunto blindaje de nuestro "derecho a la privacidad" que se adoptó por iniciativa europea respecto a las bases de datos personales que almacenan los sitios web, y cuya medida "estrella" de cara a nuestra protección fue la taxativa e inapelable prohibición de enviar spam, o cualquier tipo de correo electrónico no deseado, sin el previo consentimiento consciente y expreso del destinatario. Con anterioridad, nos podían enviar correos comerciales sin más requisito que incluir un enlace para desuscribirse. Ahora, teóricamente, ninguna página web podría enviarnos tales mensajes sin que antes lo hayamos solicitado voluntariamente. Igual ocurre con las cookies.

Pues bien: no sé a usted, lector, pero a un servidor le llegan ahora aproximadamente entre cinco y diez veces más mensajes de spam que antes de esa "nueva protección". La pera limonera. O sea: que sesudos equipos de funcionarios -a quienes sin duda pagamos un dineral- deliberan durante semanas o meses para parir una normativa que nos proteja del incesante bombardeo de spam en nuestra bandeja de entrada, y lo que resulta es que dicho bombardeo se quintuplica o se decuplica. ¡Vamos!, para ponerse a mear y no echar ni gota, con perdón.

Por cierto que el caso más descarado de burla que he visto al respecto es el de Yahoo, donde, para configurar el rechazo a las cookies comerciales, su web nos reenvía sucesivamente a otras páginas de terceros, a cual más engorrosa y difícil de leer, para llegar finalmente a una inacabable lista de "socios" cuyas respectivas páginas de rechazo de cookies deberemos abrir y configurar una a una si no queremos que esos pequeños duendecillos espías se almacenen en nuestro navegador. En fin: la más descarada e indignante inocentada cibernética que he tenido ocasión de sufrir.

Y, a todo esto, ¿dónde está la Agencia de Protección de Datos? ¿Qué hace? Mucho me temo que la LPD se ha convertido en papel mojado y que la Agencia ya sólo sirve para sancionar al blog de algún pobre "pringao" con apenas una veintena de suscriptores que no sabe ni cómo configurarlo conforme a la nueva normativa, o para estorbar a Cuerpos de Seguridad del Estado la agilidad de sus investigaciones, mientras que las páginas de venta online, no digamos ya los grandes dominios de internet, y los partidos políticos con su propaganda electoral se ríen a carcajadas de las prohibiciones y nuestra privacidad.

Porque, volviendo a estos últimos, digo yo: una vez en sus manos todas las bases de datos habidas y por haber con nuestros nombres y domicilios, que teóricamente sólo pueden usar para la sacrosanta propaganda electoral, ¿qué les impide hacer cualquier otro uso dudosamente legal de esa información? Me río yo si tenemos que esperar que la Agencia vaya a hacer investigación alguna al respecto, ni a instancia de parte ni, menos aún, de oficio.

De modo que, así las cosas, ¿para qué queremos los ciudadanos esas herramientas de teórica protección legal? Si es para que le metan mano al pobre diablo de turno, o para entorpecer la acción de la justicia, mientras que la política y el mercantilismo hacen lo que les place, entonces mejor pidamos que deroguen la Ley de Protección de Datos y que cierren la Agencia del mismo nombre. Al menos, con eso nos ahorraremos el sueldo que les pagamos a sus funcionarios.