La libertad de movimientos es uno de los derechos fundamentales del hombre. El límite se ha de poner en el respeto a la legalidad vigente. Estas dos cuestiones se vulneran día a día desde hace años en la Comunidad Autónoma de Cataluña. ¿Quién es el responsable?
Los llamados CDR -Comités de Defensa del Referéndum, o de la República en la actualidad-, junto con sus cachorros de ARRAN y los violentos BLACK BLOCK -Bloque Negro-, campan a sus anchas por calles, plazas y carreteras obrando a su gusto. Ellos se arrogan la posesión de la razón para realizar acciones violentas contra el resto de los ciudadanos. Esa gentuza, delincuentes organizados en grupos violentos, mantienen en jaque el cumplimiento de la ley. Los representantes del poder ejecutivo en Cataluña están en connivencia con ellos. De hecho, según se ha manifestado por el Presidente de la Comunidad Autónoma, los Mossos -Cuerpo Armado Policial Autonómico- deberían de permitir la “libertad” de acción de esos terroristas. ¿Cómo? Sí, Joaquín Torra ha iniciado una investigación para aclarar si hubo alguna infracción en sus actuaciones hace una semana en Gerona. Claro, otro día, cuando no sea mucha molestia, se preocupará por las acciones que pretendieron impedir el derecho de reunión y manifestación por esos delincuentes.
Black Block se titulan anarquistas en algunos momentos. En cambio, sus manuales de instrucción para la comisión de acciones reivindicativas indican cómo actuar en sus convocatorias. De hecho, se dan consejos sobre cómo actúan las unidades de intervención policial, sus agentes, forma de organización, incluso los diferentes empleos. Se afirma la necesidad de una mínima organización para la comisión de sus acciones. Además, los consejos sobre vestimenta, protecciones, documentos y elementos personales desaconsejados para acudir a sus movilizaciones.
Una de las señas de identidad de España es la seguridad. La protección de los derechos de los ciudadanos, sobre aquellos que quieren imponer su ley violenta, de acoso, de restricción de la movilidad, ha de ser fundamental en un país democrático. La seguridad ciudadana es una competencia descentralizada en Cataluña. Corresponde al Cuerpo de los Mossos de Escuadra la vigilancia en carreteras, entre otras. ¿Cómo explican la imposibilidad de despejar una autopista de peaje durante horas cortada por pocas decenas de delincuentes? Transportes, autónomos, ciudadanos cuya intención era ir de un lado a otro vieron truncadas sus aspiraciones. Si Mossos no cumplen con el deber de protección ¿no debería reasumir las competencias Policía Nacional o Guardia Civil?
Al parecer los agentes autonómicos cuentan con material policial para ese menester. Su sueldo es un 35% superior de media a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Conocen la ley, o por lo menos deberían, ya que fueron requeridos para ello en ocasiones anteriores. Ellos, como profesionales, saben la inexistencia del cumplimiento de órdenes contrarias a la ley. Esas concentraciones, ¿cuántos detenidos hubo?
La investigación durante años de las bandas terroristas, tanto ETA como GRAPO y TERRA LLIURE en Cataluña, se saldó con cientos de detenidos. Descubrir el autor o autores de sus asesinatos, así como el modus operandi de los terroristas proporcionó la oportunidad y posibilidades de evitar nuevos asesinatos. En la era digital del año 2018, donde todo fluye por las redes sociales, teléfonos y aplicaciones de comunicación, ¿cómo no han logrado desarticular esos grupos de delincuentes? Están organizados, sí; se comunican por redes sociales, donde jalean o establecen los lugares y acciones cometidas, sí; los agentes de la autoridad en materia de seguridad acuden a esas concentraciones, sí. Sus comunicaciones, además de reuniones, ¿no se vigilan por los órganos de los Servicios de Información del Cuerpo Autonómico?
Los operativos de Información realizan averiguaciones, informes para producir inteligencia. El resultado de ese ciclo se realiza para que los mandos puedan tomar decisiones. Esos acuerdos han de ser correctos y de acordes a la Ley. Es muy difícil comprender la inacción de los Mossos; es imposible imaginar cómo dese el Ministerio del Interior no se pueda garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos de este hermoso país llamado España, así como de aquellos que cruzan nuestras fronteras para circular por las carreteras. Muchos pensamos que esas decisiones se toman por connivencia con los delincuentes. No cabe otro sentido, sin lugar a dudas. Tienen la información, sí; conocen la ley, sí. ¿Saben que están obligados a su cumplimiento? En esta democracia, donde jueces, fiscales y licenciados en derecho forman parte del gabinete del Gobierno de España, ¿precisan de más detalles?
Pues ya podrían indicar cómo no hay detenidos, ni se resuelve la situación ni se exigen responsabilidades penales de esos delincuentes. La utilidad de los Mossos de Escuadra está en entredicho.