En Azuaga, mi pueblo natal, así como en otros pueblos de Extremadura, y en cientos de localidades más a lo largo y ancho de España, han desembarcado las brigadas de Telefónica, Orange u otras grandes de la telecomunicación para hacer llegar el tendido de fibra óptica a cualquier punto de nuestra geografía donde su explotación resulte rentable, con o sin ayudas de la Unión Europea.
Claro que la fibra óptica está muy bien, y tal. Mucha gente la demanda, y, al que no lo hace, ya se encarga "el sistema" de convencerlo de que también la necesita y que debe contratarla, no sea que el crecimiento decelere y se resienta el capital. Se trata, en el fondo (aunque jamás nos lo cuenten así) de meternos el mercado en el salón de casa para que sigamos consumiendo las veinticuatro horas del día.
Lo malo es que estas compañías telefónicas, para ahorrarse costes de instalación y poder incrementar aún más sus ya colosales cuentas de beneficios, en lugar de desplegar un tendido legal, soterrado como Dios manda, llegan con sus escaleras y, como Perico por su casa, se ponen alegremente a agujerearnos las fachadas a todos los vecinos de la localidad para fijar la fibra y las aparatosas cajas de empalmes, agravándonos así la onerosa e ilícita servidumbre de soportar los gruesos y pesados cables del tendido eléctrico que ya bastante afean y deterioran nuestras fachadas, encareciéndonos y estorbándonos su conservación.
Sabido es que las compañías eléctricas y telefónicas tienen la mala costumbre, avalada durante décadas por los ayuntamientos, de considerar que los frontispicios de las casas son de dominio público, y que, por tanto, pueden usarlos a placer para su beneficio económico y conveniencia. Aunque quizá lo más deplorable sea que dicho daño patrimonial, infligido a millones de propietarios y tipificado como delito en el artículo 263 del código penal, se ocasiona casi siempre no sólo con el beneplácito de las Autoridades, sino también con su aplauso y -demasiado a menudo- con su colaboración directa; autoridades a las que, se supone, les pagamos precisamente para protegernos del delito, no para ayudar a cometerlo.
Cierto es que, antes de desembarcar la Brigada del Cable, vino por las puertas un empleado (no sé si de Telefónica o del Ayuntamiento) recabando la autorización de cada propietario y amenazando veladamente a quien no la otorgaba; pero eso no fue más que un paripé quizá para cubrir algún trámite administrativo y darle apariencia de legalidad a la cosa, porque el hecho cierto es que, con permiso de los dueños o sin él, están pasando la fibra por todos los frontis de mi pueblo... y sin duda otros cientos de localidades más.
Y la cosa no es para tomarla a broma ni de importancia menor, porque estamos hablando de daños y perjuicios en cientos de miles de casas en toda España; perjuicios de difícil cuantificación pero de claras consecuencias; y quien haya tenido que blanquear una fachada alguna vez en su vida sabrá muy bien a qué me refiero. Eso por no hablar del atentado contra la estética de nuestras calles, de nuestros municipios. Bien que nos incordia Patrimonio cada vez que queremos tocar un ladrillo de la fachada, pero si se trata de defender los intereses comerciales de las telefónicas, entonces vía libre.
Por último, como guinda, está lo de los fondos comunitarios para el tendido de fibra, que en lugar de ser gestionados y empleados por los ayuntamientos para soterrar el espantoso y gravoso cableado que estropea todas las casas y afea hasta la náusea el espacio urbano, acaban engordando la caja de Telefónica y sus pares.
Es bueno poder disponer de fibra, sí; como también lo es disponer de agua corriente, y sin embargo a nadie le cabría en la cabeza que viniese la gestora de aguas a empotrar las tuberías generales por nuestra pared. Pues con el teléfono debería ser igual: que cada palo aguante su vela y cada negocio haga frente a sus costes sin dañar la propiedad ajena.