Estamos tan acostumbrados a ver detenciones en los telediarios y fotos de prensa que poca gente ajena al mundillo penal imagina que es una práctica ilícita, e incluso no faltan agentes de la autoridad que también lo ignoran. Pero nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede ser más clara al respecto cuando estipula, en su artículo 520, que la detención debe realizarse en la forma que menos perjudique la reputación del detenido, quedando obligados jueces y policías a velar por los derechos al honor, intimidad e imagen de aquél. Así que cualquier detención practicada con innecesaria publicidad supone una infracción de esa ley; y, la verdad, no veo cuán necesaria sea la presencia de las cámaras para arrestar a alguien, lo mismo se trate de un político, un violador, un golpista, el cuñado del rey o un chorizo cualquiera.
Honor, intimidad e imagen: justamente todo lo que queda vilipendiado con una detención televisada o fotografiada. Sin embargo, pocos derechos se vulneran tan sistemáticamente en España por parte de la Autoridad o sus agentes cuando ordenan o consienten esas detenciones mediáticas. Y es que no sólo policías y guardias civiles se cuidan muy poco --o nada en absoluto-- de practicar los arrestos del modo más discreto posible, sino que, con excesiva frecuencia, desde jefaturas y juzgados se informa previamente a la prensa, con disimulo o sin él, para que esté presente. Y esta negligencia de unos y otros funcionarios, pese a su ilegalidad y constituir, como mínimo, infracción disciplinaria punible, rara vez se denuncia, menos aún se persigue y casi nunca se castiga.
Esa es la realidad del asunto. Ahora bien, lo que no acabo de saber es el porqué de este generalizado desprecio a tal aspecto concreto de la ley. Quizá, en lo subconsciente, refleje un paralelo desprecio soterrado de nuestra sociedad hacia la presunción de inocencia; un prejuicio, al fin y al cabo; pero esto nada me dice sobre las causas objetivas. Puestos a conjeturar, y aparte la responsabilidad directa que pueda caber a los agentes en los "casos menores", no es improbable que las políticas de prensa de los cuerpos policiales --acaso de los propios gobiernos--, o incluso el puro afán de protagonismo de algunos jueces, los incline a omitir su obligación de efectuar u ordenar los arrestos del modo más discreto posible; omisión que, a su vez, vendría a engranar con la inevitable faceta sensacionalista que tiene hasta el más serio y responsable de los medios de comunicación, a quienes conviene, por razones obvias, que las detenciones sean, y sigan siendo, lo más peliculeras posible. Una coincidencia de intereses que tal vez no sea nada casual, porque, en el fondo, todo es economía.