Uno de los derechos de los detenidos, reos, condenados y presos en nuestro hermoso país llamado España es poder mentir. Falsear la realidad, presente o pasada, tiene arraigo en los dichos de antiguo:
- Cada uno cuenta la fiesta según le va, por ejemplo.
La democracia parlamentaria, dentro de la Monarquía Constitucional desde ella año 1978, sostiene en el marco legal de la Constitución el enunciado del artículo 25.2: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
Los individuos presuntamente delincuentes son exhortados a decir verdad en la fase de instrucción y , posteriormente, en el juicio oral. El juez invita al individuo a evitar mentir, es decir, no está obligado por juramento ni puede ser juzgado por ello, al contrario que los testigos, quienes incurren en delito de falso testimonio si así actúan.
Además, dado el derecho a la defensa, cuentan con un equipo de licenciados en Derecho para ayudar a establecer una estrategia de defensa, cuyo último fin es evitar el ingreso en prisión, mitigar la condena o conseguir la libres absolución del defendido. ¡Caray con los derechos!
Hemos sufrido el terrorismo en carnes propias y cercanas durante más de 50 años, en sentido físico del término. Las zarpas de la banda terrorista ETA, cuyo grupo armado a día de hoy, ha pervivido desde la década de los años 50 del siglo pasado, es autor de los atentados más horrendos. A día de hoy habría que recordar a Terra Lliure, cuando algunos miembros ataron al pecho de personas bombas, que hicieron explosión asesinando a sus víctimas. Esos terroristas son actores casi principales en el proceso de Golpe de Estado en Cataluña.
Las acciones de los terroristas han su puesto más de 1.000 muertos en nuestro país. Aún en enero de 2018 quedan más de 300 asesinatos sin resolver; muchos de ellos por la lentitud de la justicia, las dificultades de medios de investigación cuando se produjeron y, especialmente, porque los terroristas no colaboran en resolver tantas muertes. Es más, muchos de ellos tratan de poner falsedades en sede judicial o policial para ayudar a sus conmilitones.
- ¿Por qué sucede eso?, suele preguntar algún niño cuyo padre fue víctima de un atentado.
- Porque tienen derecho a mentir, responde lacónicamente su padre.
Esos asesinos, su entorno y familiares están agrupados en un colectivo cuyas siglas son EPPK. Periódicamente hacen comunicados para expresar las presuntas calamidades de su estancia en prisión. El cumplimiento de condenas se realiza por un periodo no superior a 25 años, en tanto que muchos de ellos tienen sentenciados 1.000 años. Asesinar, herir con intención de matar, acosar a otros ciudadanos por culpa de una ideología es muy barato en España.
Sus vecinos de aquella comunidad autónoma, en teoría de una corriente política contraria -ETA se caracteriza por ser de izquierdas, mientras que el gobierno de allí suele ser de derechas-, se ven ciertamente amenazados de manera controlada. Asesinaron también a algunos de sus afiliados; secuestraron a gentes de su partido; extorsionaron con el llamado impuesto revolucionario a los florecientes empresarios de aquella comunidad. ¿Recuerdan cuando mataron a uno de ellos antes de jugar la partida de cartas en el bar? Sus compañeros de partida sentaron al típico mirón en la silla de aquél y continuaron el juego, sin levantarse para rendir homenaje al asesinado. ¿Se puede ser más miserable? ¿Tendrían ellos algo que ver? Complicado negar con claridad.
El año pasado el comunicado del EPPK afirmaba que los presos “poniendo como ejemplo la triste trayectoria de algunos de nuestros ex miembros, se nos pide que nos arrepintamos, sabiendo que no nos vamos a arrepentir; se nos pide que denunciemos a nuestros miembros, sabiendo que no los vamos a denunciar; nos incitan a que digamos lo que no creemos, sabiendo que no vamos a hacer nada de eso". Este año el portavoz de esos asesinos, Juan Antonio Olarra Guridi condenado por asesinato y ordenar asesinatos a 1.000 años de prisión, ha afirmado su “total disposición” a asumir su responsabilidad en los atentados cometidos y a reconocer el daño causado a las víctimas si con ello se favorece la situación penitenciaria de los reclusos de la banda terrorista.
Nos están amenazando, continúan chantajeando con sus atentados pasados, conservando armas, municiones y con financiación vía impuestos a su complejo político actual. Faltan más de 300 asesinatos por resolver. A día de hoy no han cumplido con sus condenas, colaborado con la justicia ni con las víctimas. ¡Qué decir de pedir perdón verdadero y arrepentimiento!
Sus familias, amigos y secuaces de sus acciones reciben a los presos en libertad con aquelarres muy próximos a la apología del terrorismo. En cambio, las víctimas, supervivientes y sus familias están cada día más cerca de pasar a la clandestinidad.