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El discurso del Rey y la utilidad de nuestras instituciones

Felipe VI y  Juan Carlos I

Felipe VI y Juan Carlos I Efe

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En estos primeros días del año 2018 querría lanzar una reflexión acerca de la figura del Rey en nuestro país, una institución cuanto menos cuestionada por una parte de la ciudadanía, sino directamente criticada, al considerarla una institución anticuada y contraria a la idea de “progresismo”.

Frente a este discurso, la realidad es que la inmensa mayoría de los países avanzados con tradición monárquica siguen manteniendo una monarquía. De la misma forma que actualmente los países más democráticos y avanzados del mundo como son Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos o Japón tienen un sistema de Monarquía parlamentaria, encontramos Repúblicas parlamentarias con grandes déficits democráticos o retrasos económicos como Grecia, Bangladesh, Etiopía o Turquía. De hecho, si sólo nos fijáramos en los países europeos por encima de la media en PIB per cápita, veríamos que prácticamente hay tantas monarquías como repúblicas. Por tanto, el debate sobre el “progreso” no debe equivocadamente de medirse en República vs. Monarquía como pretenden algunos, sino en analizar la utilidad de nuestras instituciones para ver cómo éstas pueden seguir contribuyendo a construir una sociedad mejor.

Frente a los que critican a la Corona por no realizar ninguna función en particular, les invitaría a leerse los artículos 56 y 62 de nuestra Constitución, destacando dos: la de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. En lo que respecta a su función de cara al exterior, a la vista están los frutos de la labor de la Monarquía con afirmaciones como el del ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti en 2014: “El futuro Felipe VI conoce a Latinoamérica como pocos […] nos conoce a todos. Sabemos de su interés por lo que aquí ocurre. Tenemos clara su sólida formación y apreciamos su talante abierto y comunicativo”. La labor de la Monarquía en mundo, especialmente en Hispanoamérica, es fundamental para el desarrollo de los intereses de España. Internamente, también resulta fundamental la labor de mediación que la Corona realiza entre nuestras fuerzas políticas, labor difícil especialmente cuando se trata de asuntos complejos y de calado, que requieren de un profundo conocimiento de nuestra historia e instituciones.

Y, específicamente en España, ¿por qué creo que la Corona es más aconsejable frente a una República? En una Nación con tanta historia y compuesta por tantos pueblos, culturas y sentimientos, donde en ocasiones no es fácil llegar a entendimientos, resulta imperativo que tengamos un símbolo de unión y que éste tenga un profundo conocimiento de nuestra historia e instituciones, un conocimiento que difícil puede superar al de un servidor público que desde su nacimiento ha estado formándose para desempeñar este rol. España tiene el enorme activo de ser un país diverso, pero para mantener el equilibrio y un crecimiento sostenible en el tiempo necesita de un árbitro que modere en los momentos convulsos, y así ha quedado demostrado en los primeros años de cada uno de los dos monarcas de la democracia, Juan Carlos I y Felipe VI, con episodios como el 23- F o el 3- O, respectivamente.

Así mismo, la Monarquía española es la más “barata” generando un gasto de 7,82 millones euros frente a la de Reino Unido (38,78 millones de euros, Holanda (38 millones de euros) o Noruega (24 millones de euros) y disfruta de total legitimidad pese a que algunos movimientos republicanos de izquierda se empeñen en alegar unos orígenes franquistas. Lo cierto es que la Monarquía es una institución plenamente reconocida en la Constitución y refrendada por todos los españoles. Además, estos movimientos por coherencia deberían entonces criticar, por ejemplo, nuestro sistema de la Seguridad Social y los procedimientos de Negociación Colectiva, por tener un origen en leyes franquistas como la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 o la Ley de Convenios Colectivos de 1958, cosa que no harán porque sus argumentos son populistas y no se sostienen.

Como decía Rousseau, "la democracia perfecta sólo puede existir en una sociedad de ángeles". Criticar a las instituciones en base a argumentos dogmáticos, sin ningún tipo de análisis respecto a cuál es su utilidad real en la sociedad, no hace más que enturbiar la convivencia y alejarnos de los objetivos verdaderamente importantes, como son: la libertad y la democracia, la sanidad y la educación, la economía y el empleo, la seguridad y defensa, la ética de los cargos públicos, el medio ambiente y el cambio climático o la violencia de género. Todos estos asuntos fueron tratados en este orden por nuestro Rey Felipe VI en su discurso de esta Navidad. Centrémonos de una vez por todas en abordar estos asuntos, en pensar cómo hacer para que nuestras instituciones sean más útiles y olvidémonos de vanos discursos populistas que no nos llevarán a ninguna parte.