Cuando un presunto delincuente busca la benevolencia o incluso el amparo de naciones que, ubicadas en el marco jurídico de la heterodoxa Unión Europea, mantienen un derecho penal garantista en el que no se contemplan como delictivas conductas que en otros territorios son graves delitos contra la integridad de las naciones, se deja ver claramente las fisuras de la Unión como continente-Estado.
Son personas como el expresident Puigdemont las que demuestran con su cobarde tacticismo jurídico que en el derecho penal europeo, (siendo consciente de que no existe materialmente hablando), puede ser capaz de albergar contradicciones capaces de procurar que delitos penados con penas de privación de libertad de más de 10 años en un Estado sean impunes en otro, siendo además capaz ese segundo estado de procurar impunidad a ese presunto delincuente si el primero lo reclama.
Es necesario que el Tribunal Supremo español renuncie a la orden de detención europea para que Puigdemont pueda ser juzgado en nuestro país por los delitos por los que se le acusa junto al resto del cesado Gobierno autonómico catalán, ridículo e inverosímil. ¿Soy el único que piensa que es precisamente el derecho penal lo primero que debería haberse armonizado en la pretensión de este Estado continente llamado Unión Europea?
Ya en plena campaña electoral autonómica parece que el independentismo ha decidido continuar con el desmesurado uso del victimismo que, al parecer, sigue creyendo una parte de la ciudadanía catalana. Ya demostradas las mentiras indepes y consolidada la ruina económica que sus delirios pueden provocar, sorprende que haya personas que sigan creyendo sus mentiras, pero las hay.
Hasta hoy, el independentismo, con el permiso expreso de los gobiernos nacionales, se ha hecho con el poder autonómico y ha fundado una nación adoctrinando en la educación y encerrando a sus ciudadanos en unas ideas victimistas y excluyentes que ha generado una fractura que nunca había llegado a cotas de enfrentamiento público como las que hoy se viven.
Si la Unión Europea no puede garantizar que los delitos cometidos en su territorio sean juzgados y, en su caso, castigados, parece que largo será todavía el camino de esta asociación de Estados para ser jurídicamente considerada como nación de naciones.