Durante los últimos meses, y especialmente en las últimas semanas, el Gobierno catalán ha alcanzado el más alto grado de vileza entre los sembradores impuro del odio. A una semana del primero de octubre, el repertorio de embustes, falsedades, engaños y fraudes ha agotado el diccionario de mentiras y ha colocado el deshonor como divisa.
El Govern ha olvidado el honor, cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes, que en el caso que nos ocupa es cumplir y hacer cumplir la ley. No sólo estamos ante un incumplimiento de la Constitución -mayoritariamente aprobada por los catalanes- y del ordenamiento jurídico de una democracia sin adjetivos, sino que se jactan de no acatarlo.
El President de la Generalitat ha intentado defenderse de sus tropelías, echándole el barro de sus propias mentiras al gobierno de España. Rajoy, tarde para algunos, ha utilizado los instrumentos que el Estado de Derecho pone en manos de los gobernantes democráticos para restablecer el orden violado.
Puigdemont ha acusado a Madrid, entre otras cosas, de suspender la actividad del gobierno catalán, lesionando su legitimidad democrática. Falso de toda falsedad; el Gobierno de España, amparado en sentencias por unanimidad del Tribunal Constitucional, ha intervenido sólo en las actividades relacionadas con la organización del referéndum declarado ilegal.
Declara el President que la convocatoria pretende defender la democracia de un régimen represivo e intimidatorio. Igualmente falso. La convocatoria quiere culminar el proyecto de derogar la Constitución de 1978, abrogar el Estatut y romper con el Estado, ruptura plasmada en las leyes catalanas de seis y ocho de septiembre en un hemiciclo semivacío negándosele la palabra a los grupos de oposición. Venezuela a la vista.
El gobierno de Rajoy ha actuado en todo momento dentro del ordenamiento jurídico contra un Parlamento y un Gobierno que no sólo se había alzado contra el Estado sino que había incumplido sus propias leyes en un ejercicio mayúsculo de soberbia y totalitarismo. Las detenciones llevadas a cabo de determinados altos funcionarios catalanes se han ejecutado en cumplimiento estricto de sentencias judiciales.
Por otra parte, los guardias civiles y policías nacionales que han sido movilizados en Cataluña están sufriendo el acoso de grupos independentistas, que acuden a sus lugares de residencia o alojamiento para perturbar su sueño. Y han sido obstaculizados en su entrada y salida de los más de cuarenta registros llevados a cabo en sedes oficiales.
Ellos cumplieron su divisa, mientras las autoridades catalanas culminan su felonía separando en las escuelas a los niños que se apuntan a la algarada callejera de los que no. Generalitat: el deshonor como divisa.
¿Qué va a suceder el domingo? De los fanáticos se puede esperar todo, pero hay dos cosas seguras: el referéndum carecerá de valor jurídico y se tardará años en superar la fractura social generada por el loco sueño de los independentistas.