Carolina Gracia, portavoz del PSOE en Orihuela.
Un juzgado investiga a la líder del PSOE de Orihuela tras filtrar a los medios datos reservados de un coordinador municipal
El Magistrado ordena la incoación de diligencias previas y cita el próximo 5 de noviembre a la edil socialista en calidad de investigada.
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La portavoz del grupo municipal socialista y anterior alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia Gómez, se enfrenta a una causa penal. Los hechos se remontan al otoño del pasado año, cuando Adrián Ballester Espinosa, funcionario de carrera perteneciente a la Administración General del Estado que actualmente desempeña sus funciones en régimen de comisión de servicios como Coordinador General del Área Tres de desarrollo de la ciudad en el consistorio oriolano, registró de manera oficial una solicitud administrativa interna. Se investiga cómo Gracia filtró sus datos sin su consentimiento como posible delito de revelación de secretos.
Ballester, ingeniero de Telecomunicaciones, cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública y política de la Comunidad Valenciana, habiendo desempeñado responsabilidades como alto cargo de la Generalitat Valenciana y en la Diputación de Alicante, además de ocupar diversos puestos orgánicos de relevancia dentro de su formación política. Ha sido director general de la Generalitat Valenciana (IVAJ), diputado en las Cortes Valencianas, vicepresidente de la Diputación de Alicante y gestor clave en áreas de transparencia, fondos europeos y modernización pública, además de tener un arraigado peso orgánico en el Partido Popular de la Vega Baja y servir como teniente reservista del Ejército de Tierra
El pasado otoño, el trabajador público pretendía obtener la debida autorización de compatibilidad laboral para ejercer como profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, un trámite habitual que incluye la aportación de numerosa documentación de carácter estrictamente personal, profesional y retributivo que queda bajo el amparo y custodia de los sistemas de registro del Ayuntamiento de Orihuela.
La controversia penal se originó pocos días después de este registro administrativo, concretamente el 5 de octubre, fecha en la que la concejala socialista solicitó formalmente tener acceso a los asientos del registro municipal correspondientes a las jornadas previas en virtud de las facultades de fiscalización que la legislación de régimen local otorga a los miembros de la corporación.
Según consta de forma indubitada en las auditorías informáticas internas y los informes validados por la propia Alcaldía y el Técnico de Administración General del consistorio, la edil compareció de forma presencial tres días más tarde para examinar de manera pormenorizada el contenido exacto del expediente iniciado por Adrián Ballester.
Lo que en principio constituía un ejercicio legítimo de control de la oposición derivó en un presunto ilícito penal cuando apenas una semana después el grupo municipal Socialista emitió y difundió de manera masiva una nota de prensa dirigida a múltiples medios de comunicación locales y provinciales desvelando el contenido íntegro y los detalles del expediente del funcionario afectado.
La difusión mediática de estos datos reservados, que no habían sido objeto de debate en ningún órgano colegiado del ayuntamiento ni contaban con proyección de publicidad legal, provocó la inmediata reacción del afectado y del Ministerio Fiscal, que consideraron la maniobra una violación flagrante del derecho constitucional a la protección de datos y una quiebra absoluta del estricto deber de sigilo que la normativa exige a los cargos públicos.
La denuncia formulada relata cómo los socialistas trataron de justificar la publicidad de la información bajo un prisma de transparencia política, obviando que la legislación estatal impone de forma taxativa que el acceso a expedientes administrativos por parte de los concejales se realiza siempre con carácter reservado y para finalidades institucionales exclusivas, quedando terminantemente prohibida su cesión a terceras personas o su utilización con fines mediáticos o partidistas.
Además de la supuesta revelación de secretos, la causa penal incorpora acusaciones relativas a presuntos delitos contra el honor, derivados de las afirmaciones vertidas por el grupo político en su campaña de difusión. En el texto de la nota de prensa se aseguraba de forma explícita que el coordinador general percibía una remuneración anual de 100.000 euros y se negaba de forma rotunda su condición de funcionario de carrera, aseverando de forma pública que se trataba de un puesto de alta dirección ajeno al sistema ordinario de función pública.
El denunciante ha aportado abundante documentación oficial extraída de los diarios oficiales y del propio catálogo municipal de puestos de trabajo que demuestra la falsedad de ambas declaraciones, argumentando la existencia de un claro ánimo de injuriar y de provocar el escarnio público mediante informaciones deliberadamente distorsionadas que pretendían sugerir que el trabajador ocupaba una plaza irregular y disfrutaba de privilegios económicos injustificados.
Ante la gravedad de los indicios recabados en la fase de investigación preprocesal dirigida por la Fiscalía de Área de Elche y Orihuela, que constató que las pruebas documentales e informáticas cerraban el círculo probatorio sobre la autoría del acceso y la posterior filtración, los tribunales han decidido tomar cartas en el asunto de forma contundente.
El procedimiento judicial ha entrado en una fase decisiva que obligará a la representante socialista a personarse en sede judicial el próximo 5 de noviembre a las 11 horas, asistida por su representación letrada para dar explicaciones sobre las circunstancias que rodearon la obtención y entrega de la documentación a los medios de comunicación.
