Segundo productor mundial

Mi vida por un cangrejo rojo

Revolución en Isla Mayor ante la prohibición de la pesca de este crustáceo, que condena a la ruina a este pueblo sevillano

Un pescador de Isla Mayor muestra decenas de cangrejos capturados.

Un pescador de Isla Mayor muestra decenas de cangrejos capturados.

  1. Crisis económica
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“Nos dejan en la ruina”, explica a sus 79 años Mario, el patriarca de los Menor Romero, una familia de unas sesenta personas de Isla Mayor, todos pescadores.

El día a día de este municipio sevillano se ha visto agitado por una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que impide la captura y comercialización del cangrejo rojo americano, una especie considerada invasora de la que vive el 70% de la población. “Aquí no hay más trabajo que el cangrejo y sin él, el pueblo va a la deriva”, lamenta el anciano.

Corrían los años setenta del siglo pasado cuando Mario Romero, el mayor de esta saga de pescadores, veía incrédulo cómo la pesca de una nueva variedad de cangrejo, que empezaba a poblar las marismas del Bajo Guadalquivir, generaba los ingresos suficientes como para mantener a la familia.

“Nadie esperaba que ese bicho trajese tanta riqueza a este pueblo”, asegura. Él fue uno de los precursores de la pesca de esta variedad de crustáceos que empezaba a asentarse en los campos de arrozales de Isla Mayor.

Sin saber bien lo que le deparaba el porvenir, unas 15 familias entre las que se encuentra la de los Menor Romero empezaron a echar sus redes a los canales. “No sabíamos cómo pescarlos. Para cogerlos, hicimos unas nasas y fuimos probando, con más o menos acierto, a base de equivocarnos. Hasta que dio resultado”, detalla.

Un cangrejo americano en la orilla de la marisma.

Un cangrejo americano en la orilla de la marisma.

Ya hace años que dejó de bregar por las marismas pero sí lo hacen sus hijos y sus yernos. También sus nietos. Toda su familia y, como los Menor Romero, más de 300 pescadores de Isla Mayor. Hasta ahora.

El 16 de marzo se hacía pública una sentencia del TS que da la razón a Ecologistas en Acción y a otros grupos conservacionistas, y que anula las excepciones que permiten la comercialización del cangrejo rojo americano, una especie incluida en el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras. La noticia corrió rápida por este municipio de apenas seis mil habitantes situado en la provincia de Sevilla, a los pies del Parque Natural de Doñana.

España es el segundo país productor de cangrejo rojo del mundo con cuatro millones de kilos, lo que equivale a unos veinte millones de euros de facturación anual y unos 200.000 jornales. El cien por cien de la producción nacional parte de Isla Mayor.

Todos los integrantes de la familia Menor Romero se dedican a la pesca del cangrejo.

Todos los integrantes de la familia Menor Romero se dedican a la pesca del cangrejo.

“El cangrejo es el tema de conversación en el día a día del pueblo”, explica Antonio Estévez, antiguo pescador y actual propietario de Las Malvinas, un bar situado en el polígono industrial Príncipe de Gales, a escasos cincuenta metros de la fábrica más grande de Isla Mayor. “Me saco lo justo para sobrevivir”, dice.

El 90% de su clientela son pescadores o trabajadoras de las fábricas aledañas que recalan en su establecimiento para encargarle los bocadillos y las latas de refresco en las pausas. “Y sin el cangrejo, pues lo pasaríamos muy mal”, vaticina.

De momento, pese a que todavía se puede pescar y comercializar estos crustáceos, ya nota que los ingresos se han venido abajo: “Hay miedo y la gente no gasta”.

Sobre la barra cuelgan billetes de muchos países. Los hay chinos, con la cara de Isabel II, dólares americanos, de Marruecos, portugueses… A pesar de que a Isla Mayor sólo se llega a través de carreteras comarcales, es un punto de conexión internacional.

Del pleno empleo a la ruina

“Tenemos pleno empleo en la campaña”, explica el alcalde de Isla Mayor, el socialista Juan Molero. Del 15 de julio al 31 de octubre se concentra la mayor parte de la actividad pesquera y el pueblo acoge mano de obra de otros municipios aledaños como Los Palacios, Coria, Villamanrique, Pilas o La Puebla. “Tenemos dificultad para contratar”, detalla el edil.

Unas 600 mujeres manufacturan en campaña una media de 15 kilos al día, trabajo por el que reciben 600 euros al mes. “Y el resto del año subsistimos del paro, 426 euros; hasta que volvemos a trabajar en la temporada del cangrejo”, explican Isabel y Dolores, dos hermanas de Isla Mayor que trabajan como peladoras en South Ocean, una de las cinco fábricas repartidas en el municipio.

Billete chino colgado sobre la barra del bar Las Malvinas

Billete chino colgado sobre la barra del bar Las Malvinas

Con el cangrejo consiguen anualmente el 75% de sus ingresos familiares. “Si nos quitan el cangrejo, nos tendríamos que ir pero no sé cómo, porque no tenemos dinero ni para salir corriendo”, afirma Isabel.

“Tenemos pesadillas. Esperamos que lo arreglen”, apostilla Dolores. Ambas suman diez años de experiencia pese a tener una titulación de auxiliares de delineantes, profesión de la que nunca han ejercido. “Aquí no hay nada que no sea el cangrejo”.

Además de la pesca, Isla Mayor vive, aunque en menor medida, del arroz, que apenas reparte jornales entre los vecinos por la alta mecanización del cultivo. Los isleños también viven de las peonadas que ofrecen los cercanos cultivos de las berries (fresa, frambuesas y arándanos) de la vecina Huelva.

Este es un municipio “muy trabajador y sus vecinos se van a buscar un jornal a donde quiera que lo haya. Ya sea en las fresa, arándanos… no nos importa hacernos cientos de kilómetros para ganarnos el sueldo, por muy reducido que sea”, detalla el regidor.

Muchos, como Ramón Gómez, abandonaron pronto la escuela para irse a los arrozales a coger cangrejos. Después, a la construcción. Y de nuevo, tras la crisis del ladrillo, de vuelta al cangrejo.

“Como yo, la mayoría de mi clase se fue del colegio para trabajar en el cangrejo. Ahora me arrepiento, debería haber estudiado más. Mi padre era encargado de una finca y tenía el trabajo asegurado”, recuerda.

La escasa formación de los vecinos es motivo más que suficiente para que cunda el pánico entre ellos. “¿Qué vamos a hacer?”, se preguntan. “Tendrán que darle una solución porque si no, ¿de qué van a vivir estas criaturas?”, cuestiona el septuagenario Mario.

La solución, un plan de control

La solución al conflicto parece estar en manos de la Junta de Andalucía, que según explica el alcalde socialista está preparando un plan de control de la población de este crustáceo, con el que Isla Mayor podría esquivar la sentencia del Supremo.

“Parece que mi presidenta Susana [Díaz] y la Junta de Andalucía han puesto a trabajar a piñón a las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente”, confiesa Molero. “La solución pasa por un plan de control poblacional”, detalla el alcalde.

Ese control puede ser mediante químicos u otros métodos. “En base a esto, la Junta va a impulsar el control poblacional mediante lo que se ha hecho toda la vida: la pesca. Una vez que el bicho (cangrejo) está muerto sí se puede comercializar. Lo que no se podría hacer es comercio en vivo”, desglosa el socialista.

El control poblacional “es una competencia autonómica. La Junta sabe bien que en Andalucía no hay empleo, no hay industria, no hay exportación, no hay divisas… y sin embargo en Isla Mayor sí tenemos empleo, industria, exportación y divisas. No son tontos. Si en España se demanda empleo, no lo vamos a destruir en una zona deprimida como es Andalucía”, argumenta el regidor, que actúa de interlocutor entre el Gobierno Central, la Junta y los vecinos.

Ni siquiera las fuertes lluvias que han azotado la provincia de Sevilla esta semana han calmado las ansias de los vecinos para reclamar una solución a las administraciones. Más de mil isleños recorrieron las calles de su pueblo el pasado lunes contra la sentencia del Supremo y para urgir a la Junta a aprobar el plan de control que daría estabilidad al sector.

Una vecina porta un cangrejo de cartón durante la manifestación de esta semana.

Una vecina porta un cangrejo de cartón durante la manifestación de esta semana.

Tras la sentencia, la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) interpuso un incidente de nulidad que hasta principios de esta semana paralizaba la sentencia del Supremo. En la actualidad, ese freno jurídico se ha desestimado, generando más incertidumbre en el sector.

“Pero en el momento en que la sentencia sea publicada en el BOE los daños serán irreparables. Los mercados extranjeros buscarán fuera de España lo que ahora compran en Isla Mayor y lo que queremos es que antes de que se publique la sentencia ya esté aprobado el plan de control de la Junta”, reclama el dirigente socialista.

Si el BOE la publica, las cinco fábricas de Isla Mayor deberán cesar inmediatamente su actividad, con la pérdida de unos 300 empleos directos y con un interrogante sobre las existencias almacenadas en las neveras, que llegan en algunos casos a más de 40.000 kilos por fábrica.

“No hay necesidad de destruir las existencias puesto que es ya animal muerto y cocido”, defiende Elisabeth Carnerero, gerente de Emfacar, una de las fábricas de Isla Mayor.

Este viernes, las fábricas seguían adelante con la producción. Los cangrejos seguían llegando y la materia prima se iba cociendo y repartiendo en cajas para abastecer la demanda de países como Francia, Suecia o Estados Unidos. Sí se percibe entre los empleados cierta incertidumbre. “Puede ser cuestión de horas y no sabemos qué pasará si se llega a publicar”, explican en Emfacar.

Centenares de cangrejos en una de las empresas del sector, en Isla Mayor.

Centenares de cangrejos en una de las empresas del sector, en Isla Mayor.

Si la solución no llega pronto, “nos iremos a Sevilla con nuestros tractores y cortaremos las principales avenidas. Queremos hacer algo gordo”, explica Francisco, uno de los pescadores.

Un problema creado por la Administración

“Todavía me acuerdo cómo el ICONA –actual Dirección General de Conservación de la Naturaleza– nos daba bolsitas de cinco kilos de cangrejos rojos americanos para que los repartiéramos por las marismas, allá a donde hubiese agua”, recuerda Francisco Galera, pescador de 57 años de Isla Mayor. “Se llegaron a repartir más de 120 bolsas, unos 600 kilos de crías”, detalla. Y cada cangrejo pone una media de 700 huevos dos veces al año.

El problema que ahora trata de solucionar la Administración fue provocado por ella misma en los años setenta del siglo pasado, cuando una merma en la calidad del agua de los ríos provocó un descenso de las poblaciones del cangrejo autóctono.

Para poder atender la demanda del mercado, y con la colaboración del ICONA, se empezaron a introducir cangrejos procedentes de las marismas de Luisiana (Estados Unidos).

No proliferaron en una finca arrocera de Badajoz pero sí en las marismas del Bajo Guadalquivir y en otras zonas del Levante español. Los crustáceos americanos empezaron rápidamente a colonizar estos nuevos espacios, desplazando a las especies autóctonas.

Los cangrejos europeos tuvieron además que hacer frente a un problema añadido. Los americanos eran portadores de la llamada peste del cangrejo, una enfermedad provocada por un hongo que afecta a las especies autóctonas, declaradas en peligro de extinción.

La prohibición de la captura y comercialización del cangrejo rojo americano también preocupa a los arroceros. “Un exceso incontrolado de cangrejos acabaría con los sistemas de riego, que había que renovar anualmente”, detalla Galera.

Según explica, el cangrejo tiende a hacer galerías en la tierra, devorando las infraestructuras hidráulicas, la mayoría tubos de plástico. De no pescarse, “¿qué sería de los cuatro millones de kilos de cangrejos?”, se cuestiona el alcalde, preocupado por los daños que esto ocasionaría en “el otro pilar importante en la economía del municipio: el cultivo del arroz”.

Un mal menor

“Ya que el mal está hecho y que nosotros no somos responsables del daño, pedimos algo lógico: que nos dejen trabajar en el cangrejo; porque nosotros somos el mejor sistema de control poblacional de esta especie”, reclama Galera, quien argumenta que la cercanía con Doñana impediría el uso de procedimientos químicos.

El kilo de cangrejo en campaña se paga entre los 50 y 70 céntimos el kilo, mientras que fuera de temporada puede ascender a los dos euros. Mucho más se paga en países como Francia, Suecia o Estados Unidos, donde son muy cotizados. “Hace años vinieron a las fábricas los americanos para explicarnos cómo cocinarlos”, detalla. “Ellos les echan una salsa picante y roja y se los comen cocidos”.

- Y usted, ¿cómo se los come?

-  ¿Yo? Aquí a penas se comen. No gustan mucho. Ya ni me acuerdo de la última vez que me los preparó mi mujer. Por eso, si no nos dejan venderlos, ¿para qué los vamos a pescar? Si lo hacemos es para sacarnos un jornal y sobrevivir. El cangrejo es lo único que nos queda. Sin él, Isla Mayor se convertirá en un pueblo fantasma.