Venezuela, la inseguridad jurídica como norma

Venezuela, la inseguridad jurídica como norma

La tribuna

Venezuela, la inseguridad jurídica como norma

El autor analiza la debacle venezolana haciendo hincapié en la necesidad de recuperar los derechos individuales en pro de la convivencia.

José Domínguez Ortega

No puedo escribir sobre la inseguridad jurídica en Venezuela sin recordar que, pese a la declaración de varios dirigentes políticos españoles, de cuyos nombres no quiero acordarme, en Venezuela sí hay presos políticos y su número sigue en aumento. Hasta hoy más de 180 personas han sido injustamente detenidas, condenadas y todas ellas están en prisión. Para que nadie siga negando esta terrible realidad puede consultar la lista de presos que publicó EL ESPAÑOL y conocer con nombre y apellido a todos ellos. Para Leopoldo López y todos los presos políticos venezolanos pido, una vez más, la inmediata e incondicional liberación.

La seguridad jurídica que Delos definió como “la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataque violento y que si estos llegaran a producirse la sociedad les asegura protección y reparación” no pasa de ser, en la Venezuela actual, un concepto en desuso y sistemáticamente violado. El fin último del Derecho es el orden social justo y humano que es imposible alcanzar si no se logran los fines próximos: seguridad jurídica, bien común y justicia.

Con la llegada de Chávez al poder se empieza a desconocer y violar la vigente Constitución bolivariana de 1999 y se elimina la separación de poderes lo que liquidó la independencia judicial. De hecho las ideas de Montesquieu y Kelsen fueron las primeras expropiaciones realizadas por Chávez, éste superó así a Luis XIV al decir y evidenciar con sus hechos aquello de "el Derecho soy yo”.

El desconocimiento de los políticos llevó al país a la ruina económica y a tener la mayor inflación del mundo

Por este camino y desconociendo toda norma desde las Leyes Orgánicas hasta las Ordenanzas Municipales y, por supuesto, todos los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos se niegan, sistemáticamente, a liberar a los presos políticos. Posteriormente se invadió el área económica que tomó el Estado por la vía de leyes habilitantes que otorgaron al presidente la facultad de legislar por decreto y en forma creciente y sostenida.

De este modo la economía, las finanzas y el petróleo quedaron a su libre albedrío, con lo cual ocurrió lo inevitable: una debacle económica que hizo de Venezuela el país con la mayor inflación del mundo y que tiene el país sumido en la pobreza total y endeudado hasta límites siderales. La noticia de que Venezuela debe a empresas españolas más de 9.000 millones de dólares era una crónica anunciada y pequeñas y grandes empresas inversionistas tienen contenciosos con la actual administración venezolana.

Además, se reformó la Ley de Protección y Promoción de Inversiones y desconocen los correspondientes tratados que Venezuela firmó en esta materia con los diferentes países que mantienen relación con la República. Basta con leer el documento Mitos imperiales sobre la necesidad de la inversión extranjera de la Superintendencia de Inversión Extranjera para comprenderlo todo.

La inseguridad jurídica total es en Venezuela la terrible realidad y la marca distintiva del socialismo del siglo XXI

En su preámbulo se establece lo siguiente: "La realidad de las prácticas imperiales de carácter neoliberal, evidencian el notorio antagonismo con nuestro modelo productivo socialista que de alguna u otra forma han contribuido a frenar su desarrollo y consolidación, razón por lo que se hace necesario desmontar una serie de falsas concepciones utilizada como doctrina por la oligarquía financiera y comercial, trasnacional y venezolana, concebidas bajo el velo opaco del capital, que han servido para orientar la inversión extranjera como supuesta palanca para el desarrollo, para los países del sur, tal como se exponen en la difundida propaganda de los méritos que a ella se la atribuyen”.

A esta retórica radical socialista, típica del movimiento revolucionario bolivariano, le acompaña una negación absoluta de las bondades de la inversión extranjera para el país. La inseguridad jurídica total es en Venezuela la terrible realidad y la marca distintiva del chavismo y del socialismo del siglo XXI en su fase terminal y tras sus triunfales fracasos: la ruina económica total y un grave desastre político y social. 

En el plano económico financiero y dada la situación aquí planteada -sin independencia judicial y establecida, en la práctica, la presunción de culpabilidad- pareciera que el modo más viable de tratar de recuperar las inversiones y los daños y perjuicios correspondientes sea acudir al arbitraje internacional.

El cruel escenario económico y la mermada situación del pueblo venezolano conllevará un cambio hacia la libertad

Para Venezuela una posible recuperación de la economía -dados los precios del petróleo, la baja producción de la industria petrolera causada por la incapacidad del gobierno, el gigantesco endeudamiento y las bajísimas reservas del país- será una tarea titánica. El escenario actual es una bomba de relojería que forzará un cambio a la libertad ya que la desesperante situación del pueblo es “sangre, sudor y lágrimas”.

Por todo lo anterior mi felicitación al valiente pueblo venezolano, valiente sin límite, y al grupo de dirigentes de todas las áreas que luchan por tratar de recuperar el país con el sueño permanente, que todos compartimos, de volver a “mi Venezuela querida”.

*** José Domínguez Ortega, abogado, fue asesor de la Misión Parlamentaria de Venezuela a la promulgación de la Constitución Española.

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