La tribuna

El problema de tener un sistema pseudo-presidencialista

Gema Sánchez Medero
Parlamentarismo versus Presidencialismo, el bloqueo de una investidura

Ilustración

Tras la fallida sesión de investidura de Mariano Rajoy parece que nos encontramos abocados a una tercera convocatoria electoral. Todo ello debido al debilitamiento de un sistema parlamentario que, como consecuencia de varios procesos, se ha ido seudopresidencializando.

En primer lugar, el sistema de listas cerradas y bloqueadas y el funcionamiento de los partidos han contribuido a esta transformación. En la actualidad, los grupos parlamentarios se han convertido en los brazos ejecutores de los partidos políticos en las cámaras. La razón es clara, es el partido y no los ciudadanos quienes deciden la composición de las mismas. Los partidos elaboran las listas electorales y los ciudadanos solo pueden ratificarlas. Este hecho otorga un indudable poder al Presidente del partido, ya que gracias a las prácticas de funcionamiento interno de los mismos, ejerce un control casi absoluto sobre la elaboración de las listas electorales y los procesos de decisión.

En las formaciones con primarias abiertas el control del presidente es más complicado, aunque no imposible

Aunque en honor a la verdad, esto ocurre con más facilidad en unos partidos que en otros. Por ejemplo, en aquellas fuerzas políticas que han implantado un sistema de primarias abiertas para confeccionar sus listas, este control se torna más complicado, aunque no imposible. Sólo valga de ejemplo el caso de Podemos, el único partido de ámbito nacional que ha instaurado este sistema para nombrar a la totalidad de los miembros de sus listas electorales. Sin embargo, después de la celebración de este proceso la dirección del partido se reservó para sí la potestad de poder modificar el resultado imponiendo la designación de algunos cabezas de listas, desvirtuando con ello las primarias.

En el caso de Ciudadanos esta posibilidad sólo se habilita para los cinco primeros puestos de la lista y se limita el voto a militantes y simpatizantes. En el PSOE el sistema de primaras cerradas solo se faculta para los candidatos a los distintos comicios, y siempre que, previamente, haya más de un candidato. Además para presentar una candidatura a la Presidencia del Gobierno se requiere el aval del 5% del censo de militantes, es decir, unas 10.000 firmas, cifra que no se encuentra al alcance de cualquier militante de base.

El PP es el único gran partido sin mecanismos que impulsen la participación de sus afiliados 

Pero tal vez, el caso más clamoroso sea el del PP, dado que es el único partido de ámbito nacional que no ha establecido ningún mecanismo que venga a impulsar la participación ni de los ciudadanos ni de los afiliados. El motivo es claro, el PP es un partido eminentemente presidencialista desde que en el III Congreso Nacional (1979) Manuel Fraga decidiera incrementar de manera exponencial el poder del Presidente al acabar con la federación de partidos. Poder que se acrecentó con la llegada de José María Aznar a la Presidencia, al centralizar el partido en su figura.

Presidencialismo que, tampoco, Mariano Rajoy ha dejado de cultivar. Tal es así, que pese a que el candidato a la Presidencia del Gobierno se elige mediante un proceso de seudoprimarias, todavía se halla lejos de un verdadero proceso participativo. Dado que los candidatos además de presentar un aval de 100 militantes, deben obtener al menos el 20% de los votos en un Congreso Nacional. Y como de todos es sabido, este tipo de cónclaves no son espacios donde se debata y se tomen libremente decisiones. Por tanto, la elección de cualquier candidato viene determinada desde la cúpula dirigente, de otra manera se corre el riesgo de poder perder la posición dentro del partido.

Algunos partidos obligan a sus candidatos a firmar un documento para que adopten las decisiones de la cúpula

Pero la cuestión de la disciplina interna no es un caso particular del PP sino de casi todos los partidos. Los dirigentes políticos suelen controlar todos los ámbitos de sus organizaciones. Tal es así, que por ejemplo, obligan a sus diputados a integrarse en su grupo parlamentario, y si no lo hacen son sancionados o expulsados; indican con que formaciones se puede pactar; fijan las líneas políticas; nombran los cargos de dirección del grupo parlamentario, que son los que determinan qué iniciativas y propuestas van a ser defendidas, quienes van a intervenir en la cámara, etc.

Pero tal vez, el caso más sangrante sea que el simple hecho de militar en un partido comporta aceptar los principios en los que se cimientan su pensamiento político, los programas de gobierno, los estatutos o reglamentos y las directrices acordadas por los órganos de gobierno. Es más, en algunas fuerzas políticas incluso se llega más lejos, obligando a sus candidatos a firmar un documento, antes de formar parte de las listas electorales, mediante el cual se comprometen asumir como propias las decisiones de los dirigentes del partido. Con lo cual, desde un principio la libertad de voto o expresión de los diputados se encuentra condicionada. Hasta el punto, que si un parlamentario vota en conciencia o se ausenta de una sesión para no romper la disciplina del grupo, es sancionado económica y disciplinariamente. Y si ésta indisciplina se repite, y decide actuar y votar libremente, corre el riesgo de no ser incluido en las próximas listas electorales y, por tanto, no podrá renovar su cargo.

Las campañas electorales nos hacen creer que votamos directamente al candidato, y no es así

En segundo lugar, las campañas electorales están centrando la atención sobre el candidato y no en el partido, incluso en ocasiones prevalecen sus intereses personales por delante de los de la propia organización. Las campañas se han convertido así, en instrumentos para convencer al elector de las virtudes del candidato, siendo casi en el único factor determinante en las mismas. Inclusive nos hace creer que se trata más bien de unas elecciones presidenciales en vez de unas parlamentarias, dado que para los ciudadanos el resto de candidatos que conforman la lista electoral son verdaderos desconocidos. Es más, todavía son muchos los que consideran que votan directamente a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera, cuando en realidad solo lo hacen los votante de las circunscripciones por las que éstos se presenta, casi siempre Madrid. Esto, indudablemente, no hace más que reforzar el poder del líder sobre la organización.

En tercer lugar, el proceso de toma de decisiones atribuye al Presidente un papel preeminente ante el resto de los actores políticos. Ocurre así desde el mismo momento que la normativa de los partidos otorga a los dirigentes la última palabra en casi todos los procesos de decisión que deben adoptarse en sus organizaciones. De esta manera, resulta casi imposible que desde el PP se puede animar a Mariano Rajoy para que se eche a un lado y deje que otro candidato pruebe suerte. Es por eso, que el Comité Ejecutivo Nacional se ha apresurado a reunirse para proclamar su apoyo incondicional a su Presidente. Trasmitiendo con ello un mensaje de unidad para todos aquellos que, como Albert Rivera o Felipe González, han instado a los populares a cambiar de candidato. Pero igual de complicado es que el PSOE puede instar a Pedro Sánchez a abstenerse para facilitar la investidura de Rajoy u otro candidato del PP.

Asimismo, es preciso recordar que ha sido Albert Rivera quien ha decidido la firma un acuerdo, primero con el PSOE y luego con el PP, para facilitar la formación de un gobierno. Y nadie más que él ha determinado su fecha de caducidad. Por tanto, serán los líderes de cada uno de los partidos, en función de estas premisas y otras, quienes decidirán cual es el futuro de los españoles, y si habrá un gobierno del cambio o del PP. O unas nuevas elecciones. Sólo los resultados de las autonómicas vascas y gallegas, y la previsión del coste electoral de unas hipotéticas elecciones generales, podrían llegar a doblegar la voluntad de algunos de éstos protagonistas.

*** Gema Sánchez Medero es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid.