Las colas y los contratiempos a los que están viéndose sometidos los viajeros en El Prat desde hace ya veinte días ofrecen una pésima imagen de España y ponen en entredicho la propia seguridad en el aeropuerto. La circunstancia de que todo ello ocurra, además, en el periodo clave de las vacaciones, agrava la situación.

Es evidente que la nula sintonía entre el Gobierno de España y la Generalitat ha contribuido a enquistar el conflicto laboral de los encargados del control de equipajes y viajeros. Los dos se han estado pasando la patata caliente, pero ambos tienen su parte de responsabilidad: el Ministerio de Fomento porque de él depende Aena, la compañía que gestiona los aeropuertos; y la consejería catalana de Trabajo porque suyas son las competencias en mediación laboral.

Legitimidad de la protesta

El asunto ha servido para hacer demagogia. Las entidades separatistas no dudaron en repartir pasquines en El Prat en los que se aseguraba que en una Cataluña independiente no habría colas, y la Generalitat ha anunciado una campaña en consulados y embajadas para denunciar la inoperancia del Gobierno. 

Podrán ser discutibles el momento y las medidas de fuerza tomadas por los vigilantes, pero parece obvio que falta personal y que los salarios que perciben (entre 900 y 1.100 euros) no se corresponden con el trabajo y la responsabilidad que asumen. Sirva de referencia que los operarios de la contrata que les precedió cobraban 1.300 euros.

La seguridad, ante todo

Lo sorprendente es que este colectivo tenga la capacidad de poner en jaque una infraestructura estratégica de la que dependen miles de puestos de trabajo. El sector turístico, con razón, se ha soliviantado, y las compañías aéreas, también. Hoy es El Prat, pero mañana podría ser cualquier otro aeropuerto.

Pero, sobre todo, lo que este conflicto pone en cuestión es que pueda dejarse en manos privadas la seguridad de los aeropuertos en una época particularmente conflictiva, en la que la amenaza terrorista es alta en toda Europa y pueden producirse situaciones de alarma. Tal y como recogemos hoy en EL ESPAÑOL, el PSOE ya se ha mostrado a favor de que sean los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que asuman estas tareas. Ha llegado la hora de planteárselo en serio.