El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, seis meses después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diera el visto bueno a su reapertura tras evaluar 167 informes, deja en evidencia principalmente la incapacidad del Gobierno para resolver los debates pendientes para la correcta explotación de la energía atómica en España.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha hecho hincapié en que la decisión del Gobierno no podía ser otra dada la “instrumentalización” política del debate y la falta de acuerdo entre Endesa e Iberdrola, cada una con el 50% de la sociedad Nuclenor, que gestiona la planta burgalesa y que decidió su cierre en 2012. También ha expuesto razones de orden técnico, relativos a la antigüedad y capacidad de producción de energía de esta central.

El ministro, autoindulgente

La explicación del ministro resulta autoindulgente al obviar la cerrazón y falta de flexibilidad del Gobierno a la hora de aliviar la presión fiscal sobre las nucleares o articular medidas compensatorias con las eléctricas para garantizar la reapertura. Endesa estaba dispuesta a seguir adelante, pero a Iberdrola no le salía rentable. La posición de las empresas responde a sus legítimos intereses, pero resulta evidente que el Gobierno no debió obcecarse en sus planteamientos si de verdad quería ayudar a llevar a buen puerto la negociación entre las dos principales compañías energéticas del país.

Es verdad que Garoña era una pequeña planta nuclear en comparación, por ejemplo con Almaraz. El beneplácito del Consejo de Seguridad Nuclear no deja lugar a dudas de que su vida activa se podía prolongar si Endesa e Iberdrola implementaban las mejoras pertinentes, para lo que el negocio debía resultar atractivo.

Oposición dogmática

Es verdad que las posiciones dogmáticas de toda la oposición no han ayudado a resolver un debate que debería desarrollarse con criterios de racionalidad técnica, sin alarmismos y con visión estratégica. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para convertir las centrales más antiguas en seguras y eficientes. Que una central se aproxime al límite de su vida útil no quiere decir que sea obsoleta.

Alargar una década la vida de las centrales españolas evitaría la emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono y aseguraría 27.500 empleos estables. En Europa hay 130 reactores operativos. No tiene sentido que España compre electricidad producida en plantas nucleares francesas mientras renuncia a producir este tipo de energía.

Nucleares necesarias

Hay que seguir invirtiendo en plantas eólicas y huertos solares, como se pretende contrarreloj con las últimas subastas de potencia 'verde'. Pero hasta que estos proyectos estén en marcha y abaraten aún más el precio de la energía, la nuclear se hace necesaria en el proceso de descarbonización. No solo porque sea también una energía que no emite gases contaminantes, sino porque es fundamental para la seguridad del suministro. De lo que se trata es de que las plantas sean 100% seguras.

Centenares de personas van a perder sus trabajos sin que el Gobierno haya dado una solución alternativa. El cierre de Garoña genera incertidumbre sobre el futuro de las plantas aún activas en Vandellós, Cofrentes, Trillo, Ascó y Almaraz. La tarifa eléctrica no puede depender de que llueva o haga viento.