Si la última semana hemos aportado pruebas documentales sobre la trama corrupta diseñada por la cúpula de Convergència para burlar los controles públicos y dar contratos por 530 millones de euros a empresas amigas, hoy completamos la serie CatLeaks poniendo negro sobre blanco la dinámica del enchufismo en la era Mas.

Las revelaciones de EL ESPAÑOL demuestran que el expresident de la Generalitat y sus consellers Felip Puig y Germà Gordó convirtieron la entidad pública GISA -rebautizada como Infraestructures- en una agencia de colocación de familiares y amiguetes. Los tejemanejes y las irregularidades comenzaron nada más ganar las elecciones de 2011, en plena crisis.

"Consigna de Presidencia"

Los correos electrónicos y transcripciones que publicamos prueban que Puig y Gordó dieron instrucciones para colocar al frente del departamento de Comunicación de GISA a la prima del entonces president, Gloria Mas, y también para favorecer la contratación de militantes “de confianza” y colaboradores "leales" del partido. La naturalidad con la que el presidente de GISA, Joan Lluís Quer, respondió a alguno de estos requerimientos no deja lugar a dudas de que se trataba de una práctica habitual: “Me ha llegado también la consigna desde Presidencia. No sé qué tipo, pero trabajo tendrá”.

El descaro de los autores de estos mensajes, unido a la magnitud de los contratos concedidos de manera presuntamente fraudulenta, sólo puede reafirmarnos en la sospecha de estamos ante una de las tramas corruptas más graves de la democracia, y como tal debe investigarse. No es de extrañar que el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, la comparase en la entrevista con EL ESPAÑOL de este lunes con la corrupción sistematizada en Andalucía por políticos y cargos públicos del PSOE o próximos a este partido: “CatLeaks es el caso de corrupción más impoprtante de España aparte de los ERE”.

Redes clientelares

La verdad es que el paralelismo entre ambos casos es incontestable. Con CatLeaks queda constatado que tanto en el norte de España como en el sur, las clases políticas dirigentes aprovecharon las estructuras de autogobierno y las instituciones para crear redes clientelares con la que financiar al partido, repartir contratos a empresas afines y dar empleo -o resolver prejubilaciones en el caso andaluz- a amistades, allegados y afiliados.

Convergència ha criticado la corrupción socialista en Andalucía porque arremeter contra los desmanes en una región caricaturizada desde el nacionalismo más obtuso como quitaesencia de España le permitía desviar la atención de sus propias tropelías. Ahora comprobamos que el cortijo que políticos corruptos montaron en la Junta de Andalucía es perfectamente comparable al villorrio que dirigentes sin escrúpulos levantaron en la Generalitat de Cataluña.