Venezuela ha vivido este domingo una jornada de violencia sin parangón desde que, hace ya más de cien días, Nicolás Maduro decidió reprimir las protestas contra su proyecto de reforma constitucional. El Ejército se ha empleado a fondo para disolver a los miles de ciudadanos que salieron a las calles para denunciar la farsa democrática. Nada menos que 16 muertos y sólo un 12% de participación, según la oposición.

Sólo un demente o un tirano despiadado es capaz de presentar como legítimo el resultado de una votación fraudulenta y manchada de sangre, tras una jornada electoral sin apenas votantes ni garantías democráticas. Pues bien, el presidente ya ha dicho que inhabilitará a quienes no acepten el resultado, mientras  la oposición mantiene su voluntad de seguir haciendo frente al "autogolpe" en la calle. El régimen eleva la participación al 42%, según medios afines al oficialismo.

Con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Nicolás Maduro pretende enterrar la carta fundacional del chavismo para darle una vuelta de tuerca a su deriva autoritaria y consolidar un régimen cada vez más déspota que el de su antecesor. La Asamblea Constituyente estará formada por 545 diputados cuyo cometido será reformar la Carta Magna y el ordenamiento jurídico para neutralizar definitivamente a la oposición, que ganó las legislativas de hace dos años, cerrar el Parlamento y perpetuarse en el poder.

Completar el golpe

Es decir, es el instrumento con el que el sucesor de Hugo Chávez quiere completar el golpe que ya ha asestado a la democracia venezolana. Su problema es que carece de credibilidad dentro y fuera del país, tanto por la sangre derramada -más de un centenar de manifestantes asesinados por policías y paramilitares y 5.000 detenidos- como por su origen tramposo.

En puridad el presidente venezolano tenía potestad constitucional para convocar unos comicios y elegir delegados a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, las elecciones fueron convocadas de forma unilateral en medio de la escalada represiva; sin un mínimo consenso con la oposición; con las reglas de designación de delegados diseñadas para beneficiar al oficialismo; sin un referéndum previo -como el que promovió Chávez en 1999 antes de sacar adelante la Carta Magna vigente-; y con opacidad absoluta sobre el contenido normativo que Maduro pretende sancionar en el futuro.

Elecciones supervisadas

A partir de ahora se abre un panorama de máxima incertidumbre en la que el riesgo de confrontación civil exige una respuesta tajante de la comunidad internacional. La UE, la Organización de Estados Americanos, EE.UU. y varios países de la región ya han dicho que no darán por bueno el recuento de votos con el que el régimen pretende legitimar una dictadura de facto. Es necesario ejercer la máxima presión para garantizar la celebración de unas elecciones presidenciales libres bajo supervisión internacional. El mundo no puede abandonar a su suerte al pueblo venezolano