La respuesta del Estado a la escalada radical de Puigdemont y Junqueras se ha traducido en dos hechos claves para impedir que los funcionarios que participen en la organización del 1-O puedan excusar desconocimiento o que actúan por órdenes de sus superiores jerárquicos, como sucedió el 9-N.

El Tribunal de Cuentas ha sido requerido por Sociedad Civil Catalana para que identifique a los interventores de la consulta en la causa contra Artur Mas y dos de sus conselleras por los 5,2 millones de euros que costó aquel "proceso participativo". Si esta petición es aceptada, el foco de una causa que puede terminar en solicitud de responsabilidad civil y embargos se ampliaría a los funcionarios de la Generalitat y no sólo a sus máximos responsables políticos.

Mensaje a los funcionarios

El Gobierno también ha dejado claro que la presión del pulso secesionista recae cada vez más sobre todos los servidores públicos, al condicionar el auxilio financiero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a un control mucho más exahustivo del gasto de la Generalitat. El objetivo es impedir que ni un solo euro de los ciudadanos se desvíe a financiar la compra de urnas, la contratación de publicidad electoral o cualquier acto administrativo tendente a celebrar el referéndum ilegal.

Desde 2012 el Estado ha asistido a la Generalitat con más de 63.000 millones de euros del FLA para que pague su deuda pública sin acudir a los mercados financieros. La gestión económica de las Comunidades que se acogían a este mecanismo -crucial para garantizar la estabilidad presupuestaria y la prestación de servicios básicos- era supervisada mensualmente por el Gobierno a través de los interventores. Pues bien, a partir de ahora el control será semanal. La medida se ha puesto en marcha después de que el Ejecutivo detectara un desvío presupuestario de algo más de 6.000 euros para el referéndum.

El Gobierno toma la iniciativa

Colocar a los funcionarios en el punto de mira es una respuesta adecuada a la escalada del desafío rupturista. El Gobierno toma así la iniciativa para que los funcionarios se nieguen a secundar aquellas órdenes de sus jefes que sean ilegales. Desde el bloque secesionista acusan ahora al Gobierno de “secuestrar” el autogobierno, de intervenir la Generalitat y de coaccionar a los trabajadores de la Administración, pero lo cierto es que fue el Govern el primero en colocarlos contra las cuerdas al presentar su pulso como un conflicto de legitimidades.

Con esta medida los interventores y el resto de funcionarios quedan exonerados de la encrucijada a la que quieren empujarles Puigdemont y sus compinches, como se ha visto esta semana en el caso de los mossos, a cuya responsabilidad apelan el conseller de Interior y el nuevo mando policial para que protejan el 1-O. El único reproche que se puede hacer a esta contraofensiva del Estado, que a fin de cuentas ampara a los funcionarios, es que no comenzara antes.