El espaldarazo de Podemos y Ahora Madrid a los dos concejales imputados del Ayuntamiento de Madrid es una prueba palmaria de que los abanderados de la nueva política tienen los mismos vicios que los viejos partidos que detestan. Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer pagaron 100.000 euros de dinero público a dos bufetes elegidos a dedo para que elaborasen sendos informes sobre supuestas irregularidades en el convenio del Open de Tenis de Madrid.

Estas asesorías fueron encargadas a pesar de que los servicios jurídicos del consistorio certificaron que no había ninguna ilegalidad en el contrato con la empresa organizadora y les sirvieron para presentar una denuncia la víspera del inicio del campeonato que no ha dado lugar a ningún procedimiento. Un juez, sin embargo, sí los ha citado a declarar a ambos por prevaricación, malversación y delito societario en respuesta a una denuncia del PP.

Código ético

El código ético del Gobierno de Ahora Madrid establece “la renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción”: no parece que este artículo dé lugar a interpretaciones. La alcaldesa de la capital comprometerá su imagen pública si, en lugar de destituir a los concejales imputados, se pliega a los pretextos de Podemos y les permite declarar en el juzgado con el acta en el bolsillo.

La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha mostrado ya el “apoyo sin fisuras” del resto de concejales a los investigados. Este cierre de filas obedece al complicado equilibrio de fuerzas y rivalidades en el seno del equipo de gobierno de la capital y a que la portavoz no quiere crearse enemigos entre sus compañeros. El mismo afán estratégico, pero con distintas motivaciones, ha llevado a Pablo Iglesias e Irene Montero -que quieren que la alcaldesa repita- y a Íñigo Errejón -que aspira a encabezar la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid- a defender a los imputados.

"Comportamiento ejemplar"

Insisten en que el comportamiento de ambos ha sido “ejemplar”, aseguran que ellos están deseando declarar “cuanto antes” y minimizan la gravedad de estas imputaciones porque se han producido tras una denuncia de sus rivales políticos. ¿Les suena? El guion apesta a vieja política con el agravante de que también presentan el caso de Sánchez Mato y Mayer como el coste de plantar cara a los corruptos. Según esta tesis, estos concejales no van a ser investigados por servirse del dinero público para encargar a discreción asesorías de parte, sino precisamente por luchar contra la corrupción. Ni el PP, por citar un partido que no ha dudado en denunciar causas generales y cargar contra fiscales y jueces, se había atrevido a tanto.

Manuela Carmena, que ya mostró su malestar cuando supo que estos ediles encargaron las controvertidas asesorías a sus espaldas, y saltándose a la torera los procedimientos reglados, está en una encrucijada. Debe decidir si, por contentar a quienes la postularon como alcaldesa, convierte en papel mojado el código de comportamiento que le sirvió de contrato político con los ciudadanos que le votaron. Ni el fin justifica los medios, ni un código ético puede ser prescindible cuando llega el momento de demostrar la ejemplaridad que se predica.