La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la polémica amnistía fiscal decretada por Cristóbal Montoro en marzo de 2012 debe llevar aparejada su dimisión o cese como ministro de Hacienda. El Gobierno no puede eludir su responsabilidad política escudándose en que la resolución no tendrá consecuencias.

Tampoco puede aferrarse a que las regularizaciones no van a revisarse para intentar irse de rositas alegando que apenas existe una discrepancia normativa sobre la fórmula empleada por Montoro, tal y como ya ha apuntado el secretario de Estado de Hacienda, Fernández Moya.

"Deber constitucional"

El Alto Tribunal ha declarado inconstitucional la regularización de Montoro porque un decreto-ley no puede “afectar al deber constitucional” de contribuir solidariamente al sostenimiento del Estado. Tratar de reducir este varapalo a una divergencia técnica es una treta para quitarle gravedad y pasar por alto los duros reproches dirigidos al Ejecutivo en la sentencia.

El fallo señala al Gobierno por “abdicar” de su responsabilidad de hacer efectiva “la obligación de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos” y le acusa de “legitimar” el fraude y “la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender el sistema tributario”. Por sí solas, estas apreciaciones invalidan a Montoro para seguir al frente del Ministerio de Hacienda.

Puente de plata para evasores

El Constitucional demuestra que su amnistía, además de un puente de plata para evasores, fue un mecanismo espurio e ilegal que ni siquiera sirvió para solventar cumplidamente la situación de emergencia tributaria que pretendía remediar. De hecho, de los 40.000 millones aflorados, Hacienda sólo recaudó 1.300 millones: el 3%. Además, el Ejecutivo renunció a revisar las regularizaciones de los fondos ya prescritos, como le pedía Ciudadanos, cuando constató que sus objetivos no se habían cumplido.

En 1993 José Luis Corcuera dimitió como titular del Interior después de que el TC anulara varios artículos de su ley de seguridad ciudadana. Después de esta sentencia, a Montoro no no le queda más remedio que hacer lo propio, como ya le han pedido PSOE y Podemos. Sería inconcebible que después de que el Alto Tribunal le haya sentenciado políticamente, Mariano Rajoy se empeñara en absolverlo.