La decisión de la Audiencia Nacional de llamar a declarar como testigo a Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel ha sentado como un tiro en el PP, que ve cómo, de nuevo, su líder vuelve a las primeras páginas vinculado a la corrupción.

Pero lo más lamentable es la virulencia con la que han reaccionado los populares: arremetiendo contra el tribunal y ascusándolo de "contradecir su propia doctrina". Esas manifestaciones serían de una gran irresponsabilidad en cualquier partido, pero lo son mucho más por salir de aquél que está en el Gobierno.

No hay "doctrina"

Su descalificación no sólo es extemporánea sino que no responde a la verdad: no hay tal "doctrina" sobre citaciones a la que apela; los jueces resuelven en función de las circunstancias del desarrollo del juicio. De hecho, cuando con anterioridad el tribunal rechazó que Rajoy testificara, ya advirtió de que tomaba esa decisión "sin perjuicio de que, en otro momento, se pueda acordar por la Sala que testifique".

En realidad, lo que no tenía mucho sentido era que hubieran declarado todos los cargos del PP que tuvieron alguna responsabilidad sobre las campañas electorales bajo sospecha -desde Cascos a Arenas, desde Acebes a Mayor Oreja o Rato- y que no lo hiciera Rajoy, que tuvo sus mismas o más competencias entre 1999 y 2005, el periodo investigado. Esos años Rajoy ocupó la secretaría general, la vicesecretaría y la presidencia.

Presión a la Justicia

Pero además, como declaró Bárcenas en su día, Rajoy no sólo se contaba entre los receptores de sobresueldos sino que estaba al tanto de todo.

La citación del líder del PP es una muestra de la independencia de la Justicia que fortalece la credibilidad del Estado de Derecho, y la agria respuesta de su partido un intento intolerable de presionar a los tribunales y echar una cortina de humo. Porque el problema del PP no son los magistrados, sino la corrupción, un adhesivo del que no acaba nunca de despegarse.