El aumento del número de funcionarios en todas las Comunidades es el bálsamo de Fierabrás al que recurrirán Gobierno central y los autonómicos para garantizar el éxito de la VI Cumbre de Presidentes de este lunes. Otra cosa bien distinta es cómo se pagará esta factura. Es decir, si incrementar la oferta de empleo público, "estabilizar" a los interinos o reducir el número de horas laborables del personal -como ha empezado a hacer Andalucía- es razonable o bueno para España.

Ninguno de los objetivos que Rajoy se ha propuesto cumplir en esta cumbre -reforzar el "diálogo territorial", hablar de los "problemas reales" y "lograr soluciones"- se conseguirán con una medida que disparará el gasto público e hipotecará en adelante los Presupuestos del Estado.

Techo de déficit

El único modo de garantizar un "fortalecimiento equilibrado y sostenible" de las plantillas de cada Administración es sanear las cuentas. Hay que cumplir con el techo de déficit marcado con Bruselas, que ya ha exigido al Gobierno recortes adicionales por 5.000 millones de euros este ejercicio.

La medida complacerá a buen seguro a los presidentes autonómicos que hoy acuden a la cita, pero pensar que se puede contentar a los soberanistas mejorando la financiación autonómica o dándoles manga ancha para que contraten a discreción es sumamente ingenuo: la mejor prueba de ello es que Puigdemont y Urkullu ni siquiera asistirán a esta cumbre. Ambos exigen hablar de tú a tú con el Estado.

Sueldos públicos

Los problemas en Educación y Sanidad no se solucionarán aumentando el personal si más, ni mucho menos reduciendo su jornada. En España las Administraciones pagan casi tres millones de sueldos entre funcionarios y empleados públicos, lo que supone un gasto en nóminas de 110.000 millones de euros anuales, el 11,1% del PIB. Se trata de un porcentaje superior al de Alemania y sólo comparable a una administración agigantada como la francesa.

Para asegurar las prestaciones básicas lo más sensato es racionalizar el gasto. Hay que adelgazar el Estado eliminando duplicidades. Cualquier aumento en las ofertas de empleo público debería estar sujeto a una reducción del cuerpo de asesores, enchufados y del personal no productivo. El Gobierno no puede caer en la tentación de convertir la Conferencia de Presidentes en una subasta y tratar luego de endosarnos a todos el recibo subiendo impuestos.