El rugido del león

El gran favor de Montoro a los evasores

  1. Opinión

El plazo de revisión de las declaraciones de los beneficiarios de la amnistía fiscal de Montoro ha expirado este miércoles sin que el Gobierno haya movido un dedo para incrementar la exigua recaudación de aquella controvertida medida.

Más de 30.000 contribuyentes repatriaron 40.000 millones de euros sin que el Estado, que modificó las condiciones de la regularización nada más anunciarla para hacerla más atractiva, lograse ingresar más de 1.200 millones. Es decir, lo recaudado apenas llegó al 3%, siete puntos menos del objetivo marcado. El escándalo estaba servido porque un procedimiento excepcional para nutrir las arcas públicas se había convertido en un puente de plata para evasores.

2.800 millones

Montoro reconoció un fiasco que privaba al Estado de ingresos extraordinarios por 2.800 millones. Sin embargo, cuatro años después, ni las críticas de la oposición, ni los requerimientos de Ciudadanos -que incluyó la recuperación del dinero perdonado en el acuerdo de investidura- ni las advertencias lanzadas por EL ESPAÑOL, han servido para que Hacienda impida a ciencia cierta la prescripción de aquellas tributaciones especiales.

El Ministerio de Hacienda insiste en que la carta que envió hace una semana a quienes se acogieron a la amnistía basta para mantener vivo el plazo de revisión, pero hay serias dudas de esto sea así. En su misiva, el Gobierno se limitaba a advertir de que puede seguir investigando a los evasores y responsabilizaba a Ciudadanos del apercibimiento, pero no aludía a ningún informe jurídico que permita confiar en que revisará las declaraciones.

Demandas

El Gobierno se ha mostrado reiteradamente renuente a reconsiderar los términos de aquella amnistía fallida para el Estado. De hecho, hace sólo un mes el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, hacía un llamamiento a "mirar al futuro", lo que podía interpretarse como una renuncia expresa a reclamar más dinero a los evasores. El riesgo de afrontar posibles demandas de los evasores no justifica que Montoro renuncie a aumentar los ingresos de su amnistía.

Si finalmente el Ejecutivo renuncia a ello, será responsable de un perjuicio económico enorme y habrá dinamitado su acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos por negarse a perseguir a quienes apenas tributaron por blanquear su dinero, mientras sube los impuestos a los contribuyentes honrados.