La inclusión en los presupuestos de la Generalitat de varias partidas por casi 6 millones de euros para la celebración de "procesos electorales y participativos" constituye un nuevo salto hacia delante del independentismo en su desafío al Estado.
Con estas asignaciones en su proyecto de cuentas públicas para 2017, Carles Puigdemont cumple con la CUP y demuestra que su compromiso de celebrar un referéndum unilateral de independencia en septiembre no tiene vuelta atrás. La misma intencionalidad política se desprende de la inversión prevista para impulsar la hacienda catalana, que pasa de 36 a más de 93 millones de euros pese a que es una de las estructuras de Estado contemplada en la ley de desconexión que el Tribunal Constitucional anuló hace cuatro meses.
Pulso al Estado
Al presentar estos presupuestos al Parlament, el Gobierno de la Generalitat deja claro que sigue apostando por una política de hechos consumados para doblarle el pulso al Estado sin importarle ni las sentencias judiciales ni la política de deshielo emprendida por el Gobierno.
No en balde, esta vuelta de tuerca al procés se ha hecho pública horas antes de que la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, tenga que contestar una interpelación de Francesc Homs. Según sus allegados puede aprovechar la ocasión para ofrecer a los nacionalistas acuerdos e inversiones con los que engrasar el mutuo entendimiento.
Si va de suyo que el desafío secesionista exige audacia política y capacidad de seducción para reconducir el problema en lugar de que se siga enquistando como hasta ahora, vuelve a quedar patente que no habrá cesiones ni inversiones estatales capaces de contentar a quienes han hecho de la independencia de Cataluña su modo de vida y su razón de existir. Una cosa es intentar satisfacer las necesidades de Cataluña y otra no responder a los desafíos del independentismo.
Impugnación
La mano tendida del Gobierno hacia los nacionalistas debe ser compatible con intentar aplicar escrupulosamente las leyes y sentencias. En primer lugar, la vicepresidenta debe hacerles recapacitar para que desistan de asignar partidas de gasto a desarrollar materias sobre las que la Generalitat no tiene competencias. Y si el Govern catalán no se aviene a razones, en el mismo momento en el que la mayoría secesionista del Parlament apruebe estos presupuestos, el Consejo de Ministros deberás promover un incidente de ejecución para impugnar los presupuestos de la Generalitat ante el Constitucional. Será el cuarto en muy poco tiempo y todo augura que el choque de trenes será inevitable. Y en ese caso el Estado impondrá la legitimidad de su fuerza.
