El rugido del león

Que la Justicia castigue a los tuiteros cafres

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La muerte en la plaza del torero Víctor Barrio, de 29 años, ha sido utilizada por algunos desalmados que se proclaman antitaurinos para mostrar su alegría e insultar al fallecido y a su familia en las redes sociales.

Casi al mismo tiempo, un reportaje de Silvia Taulés publicado el domingo en EL ESPAÑOL sobre grupos y personas que en Cataluña se dedican a denunciar ante las autoridades a quienes no les atienden en catalán o no rotulan en esa lengua, le ha supuesto a la periodista una campaña de desprestigio en Twitter y ser sepultada en insultos, con la distribución de su fotografía inlcuida.

Desde el anonimato

Además, este lunes hemos conocido que la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional ha ordenado que se abra juicio oral contra el concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata por sus tuits contra Irene Villa, ya que podrían constituir un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

Por otra parte, este martes la Audiencia Nacional juzgará a César Strawberry, el líder de Def con Dos por nueve tuits de humillación a las víctimas del terrorismo.

En los cuatro casos asistimos a un uso perverso de las redes sociales, utilizadas para linchar públicamente a personas con la intención de acallarlas, amedrentarlas, desprestigiarlas socialmente y empujarlas a salirse de estos canales de comunicación. Muchos de quienes así actúan lo hacen amparados en el anonimato.

Indefensión de las víctimas

Quienes sufren en sus carnes la oleada de insultos se sienten impotentes. Aunque el Código Penal sanciona las injurias con publicidad, sólo un porcentaje pequeño decide llevar estos casos ante la Justicia. Dejando a un lado lo pesado y gravoso del procedimiento, a lo máximo que se expone quien se comporta como un energúmeno en las redes es a catorce meses de multa. Ésta puede ir de los dos a los 400 euros diarios, pero es extrañísimo que se pague en su parte máxima, porque se tiene en cuenta siempre la capacidad económica del infractor.

No es cuestión de estar cambiando el Código cada dos por tres, pero seguramente el legislador no tuvo en cuenta la amplificación que las redes sociales son capaces de dar a unas injurias y, consecuentemente, el daño que llegan a causar. Las víctimas se sienten indefensas.

La Fundación del Toro de Lidia ha recopilado medio centenar de tuits ofensivos contra Víctor Barrio y ha anunciado medidas legales contra sus autores. Tal y como está la legislación, lo mejor es acudir a la vía Civil, donde las sanciones por atentado contra el honor suelen ser más cuantiosas. Desde luego, los jueces deberían ser estrictos en estos casos para que quienes sienten la tentación de descargar su bilis sin importarles la dignidad de otros se lo piensen dos veces antes de actuar.