Los "indicios delictivos de gran relevancia" que la Fiscalía encuentra en el presidente de Murcia por su proceder cuando era alcalde de Puerto Lumbreras anuncian imputación a la vista, pero también tormenta política, porque el popular Pedro Antonio Sánchez gobierna gracias a un pacto con Ciudadanos.
La semana pasada, tras la muerte de Rita Barberá, el PP planteó la conveniencia de suavizar el acuerdo que en materia de corrupción firmó con el partido de Albert Rivera para posibilitar la investidura de Rajoy. Sin embargo, desde Ciudadanos han asegurado que en ningún caso revisarán a la baja las condiciones. Eso significa que si, como parece probable, Sánchez acaba siendo investigado judicialmente, tendrá que dejar la Presidencia de Murcia.
El relato de hechos que hace la Fiscalía de cómo se adjudicó, construyó y pagó el auditorio de Puerto Lumbreras coloca a Sánchez en una situación muy delicada. La investigación le señala como responsable del pago de más de seis millones de euros por unas obras adjudicadas a dedo y que hoy siguen inacabadas.
El presidente murciano podría ser imputado próximamente por delitos de prevaricación, fraude, malversación, falsedad en documento público y administración desleal. Además, está salpicado por el caso Púnica, pues un informe de la Guardia Civil indica que el contrato que firmó para mejorar su imagen con el empresario Alejandro de Pedro puede ser ilegal.
Los populares se quedaron en las elecciones autonómicas murcianas a un solo escaño de la mayoría absoluta, y lograron sumar a C's para dar estabilidad al gobierno regional. Es muy posible que pronto tengamos ocasión de examinar la solidez de ese acuerdo. Pero sobre todo, lo que va a ponerse a prueba es el compromiso del PP en la lucha contra la corrupción.
