La regla de Píndaro

Los bahameños

  1. Corrupción
  2. Papeles de Bahamas
  3. Paraísos fiscales
  4. Fraude fiscal

Recuerda uno a una señora muy moderna y tuitera activa que solía pontificar acerca del futuro de lo digital desde su sitial de comisaria europea de la cosa en cuestión. Venía a decirnos, a los que no éramos capaces de entender que la revolución digital implicara poner patas arriba o convertir directamente en papel mojado una variedad de derechos legítimos, que había que actualizarse o morir (y parecía que nos invitara a morir, preferiblemente). A uno le irritaba sobremanera esa supuesta necesidad de doblar la cerviz e inclinarse ante los jugadores de ventaja que al amparo de la red encuentran la forma de apropiarse del trabajo y la creación de otros para engordar sus propias cuentas corrientes, pero esta semana hemos comprendido algo mejor la jugada y la filosofía subyacente a tales recomendaciones.

Y es que la señora de marras, la holandesa Neelie Kroes, resulta que tenía una sociedad en Bahamas de la que no había dado cuenta, como era su obligación. Una sociedad que, a falta de ulterior información, cabe presumir que servía para lo que sirven las sociedades opacas domiciliadas en lejanas islas, y que cada cual puede imaginar, pero no suele ser para abonar más impuestos ni para ofrecer una imagen más transparente de las propias finanzas. En definitiva, la patita que a la señora Kroes se le acaba de ver no es otra que la de una ventajista que se buscó el modo de no soportar las mismas cargas que el resto.

Y de pronto, se entiende todo.

O para ser más exactos, casi todo. Porque hay algo en esto de los papeles bahameños, como antes en los panameños, que arroja al observador que a la vez es esquilmado contribuyente a la perplejidad más absoluta e irresoluble. ¿Cómo es posible que esta información, que pone sobre el tapete las argucias con las que miles de ciudadanos acaudalados, esos panameños o bahameños de adopción, escamoteaban potencialmente al fisco de sus países respectivos millones y millones de euros, la haya sacado a la luz un puñado de periodistas, sin más acicate ni beneficio que la exclusiva periodística correspondiente? ¿Cómo puede ser que las agencias y administraciones tributarias de los Estados defraudados, los más desarrollados del mundo, con todos sus medios y facultades legales exorbitantes, y con todo lo que les iba en ello, no averiguaran nada de esta gigantesca conjura en su contra que les causaba tan enorme quebranto?

Hay quien alega que los periodistas pueden lo que un funcionario público no puede. No cuela: con un trabajo riguroso e indicios de delito, los funcionarios pueden obtener mandatos judiciales para levantar casi cualquier alfombra. Por no hablar de los servicios de inteligencia que todos esos Estados tienen, y que algo podrían hacer para contribuir a impedir una sangría que erosiona y hasta compromete las finanzas públicas. Ha faltado la determinación que el asunto exigía. Por decirlo suavemente.