El próximo fiscal general del Estado se ha propuesto como prioridad impulsar un cambio crucial en la Justicia: que la investigación penal pase de manos de los jueces a los fiscales. Es una medida que viene barajándose desde hace tiempo. Con ella se busca dar mayor coherencia al sistema y equipararlo a los del resto de países de nuestro entorno, donde, efectivamente, el Ministerio Fiscal es el encargado de investigar los delitos.

Es cierto que ese modelo puede servir para agilizar la instrucción y no implica una merma para las garantías de los ciudadanos, pues seguirían siendo los jueces quienes decidieran las medidas cautelares, la intervención de las comunicaciones o la validación de pruebas. Ahora bien, para que este modelo fuera creíble, debería garantizarse la absoluta independencia del fiscal general, algo que obligaría a cambiar la Constitución para que su nombramiento no lo hiciera de forma discrecional el Gobierno de turno, como ocurre ahora, y habría que redactar también un estatuto del Ministerio Fiscal acorde a la nueva situación.

Lamentablemente la experiencia de estas décadas no es muy alentadora. Tenemos dos precedentes muy próximos. La fiscal general saliente, Consuelo Madrigal, no ha durado ni dos años en el cargo, y no es ningún secreto que en el Gobierno se la veía como poco dócil. Su antecesor, Eduardo Torres-Dulce, dimitió entre fuertes presiones a cuenta de la estrategia a seguir en Cataluña frente al desafío secesionista.

Dicho lo cual, si alguien puede impulsar cambios en la buena dirección es José Manuel Maza. Durante 30 años, el próximo fiscal general ha acreditado en el ejercicio de la judicatura una independencia a prueba de bombas. Su auctoritas puede facilitar el cambio del actual modelo.

Pero el Gobierno y el Parlamento se equivocarían si limitaran la reforma de la Justicia a la cuestión puntual de la instrucción criminal. Se tiene que abordar de forma urgente y global el problema de la Justicia para que los tribunales sean más independientes y más eficientes. Hay que actuar y hay que hacerlo rápido. Como bien dijo el ministro Rafael Catalá en el seminario con el que EL ESPAÑOL celebró su primer aniversario, la Justicia "no admite más mañaneos". Le tomamos la palabra.