La decisión de la Corte Suprema británica de que el Gobierno requiera la aprobación parlamentaria para poder activar el brexit es una buena noticia. La primera ministra, Theresa May, se ve obligada ahora a trazar una verdadera hoja de ruta más allá del consabido "brexit es brexit" y, además, a consensuarla con el Parlamento. Eso significa poner las cartas boca arriba y dar transparencia al proceso.

Sin embargo, la resolución retrasará inevitablemente el brexit, ya que May no podrá cerrarlo en marzo de 2017 como prometió, algo que no entusiasma a Bruselas que viene exigiendo el divorcio se produzca lo antes posible. La sentencia del Alto Tribunal proporciona la oportunidad de aclarar de una vez por todas a la opinión pública los términos del brexit, para no mantener en vilo a los británicos y acabar con la incertidumbre sobre el futuro de Europa.