El panorama que de la evolución demográfica española ha presentado el INE este jueves es muy preocupante. Caminamos hacia una población envejecida: cada vez hay menos nacimientos, la esperanza de vida aumenta y la falta de expectativas anima a muchos jóvenes a emigrar. La pregunta surge sola, ¿quién sostendrá el sistema de pensiones dentro de unos años?

Previendo esas dificultades, el Gobierno de Rajoy introdujo una reforma en 2013 para desvincular las pensiones del IPC, de tal manera que su revalorización ha dejado de fijarse automáticamente en función de la variación de los precios del mercado. Ahora, para determinar estas prestaciones se tiene en cuenta el equilibrio del sistema, o sea, la entrada y salida de dinero en la caja.

La medida significa asumir una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en un futuro inmediato, que se concretará en cuanto repunte la inflación. Un estudio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL estima que los jubilados acabarán perdiendo una media de un 15% de prestación real desde que empiecen a cobrarla hasta su fallecimiento, con el agravante de que ese porcentaje puede alcanzar el 35% en los últimos años. Es decir, como en la célebre película El increíble hombre menguante los futuros pensionistas verán disminuir su capacidad económica paulatinamente.

La situación obliga a plantear un gran pacto de Estado. Si la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se mantiene en el próximo Gobierno, deberá de convocar a todas las fuerzas políticas para garantizar la robustez del sistema de pensiones y que éste sea lo más justo posible. Está en juego una de las vigas maestras del Estado de Bienestar.