En su declaración en el Supremo, el 'convergente' Francesc Homs ha sacado a relucir la mezcla de cinismo, victimismo y arrogancia de que suele valerse el independentismo para presentar como un ejercicio de democracia básica la vulneración de la ley y la burla de los tribunales.

En noviembre de 2014, siendo 'conseller en cap', Homs desoyó la suspensión de la consulta secesionista del 9-N decretada por el Constitucional y utilizó recursos públicos para promoverla, por lo que ha sido encausado por desobediencia, prevaricación y también por malversación, delito éste último castigado con cárcel.

El ahora diputado nacional se ha negado este lunes a contestar al Ministerio Público, se ha presentado como víctima de un "proceso político" y ha acusado al Supremo y a la Fiscalía ante el instructor de actuar en función de los intereses del Gobierno y del PP. Con esta descalificación al Álto Tribunal y al Ministerio Público, Homs hace suyos los argumentos típicos de los golpistas y abunda en el desprecio a la legalidad que ya demostró cuando sacó las urnas a la calle para intentar legitimar un proceso de ruptura unilateral.

Homs se hizo acompañar hasta la puerta misma del Supremo por representantes de su partido, y de ERC, PNV, Bildu y En Comú Podem, que le sirvieron de costaleros en la escenificación de su 'martirio procesal' a manos del Estado. Sin embargo, su actitud arrogante en la rueda de prensa que dio tras declarar en el centro de la Generalitat en Madrid no se correspondió en absoluto con el victimismo que quiere explotar.

Homs insistió en que volvería a incumplir el fallo del Constitucional, dio por hecho que su sentencia ya ha sido escrita, y adelantó que no piensa acatar "las decisiones de un proceso político". Además intentó presentar la causa como la confrontación entre un aparato de justicia al servicio del PP y el "mandato democrático" del Parlament. El descaro de Homs es evidente, pues la primera condición de toda democracia es el imperio de la ley y de los fallos judiciales.

La iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de abrir una radio municipal es un disparate, más aún cuando el consistorio arrastra una deuda estratosférica. Radio M21, la emisora impulsada por Manuela Carmena, comenzará a emitir en pruebas a partir del 26 de septiembre sin que existan argumentos para justificar su puesta en marcha. La radio costará al contribuyente unos 700.000 euros, presupuesto que ascenderá a la friolera de un millón de euros anual a partir de 2017, un despilfarro en una ciudad lastrada por un agujero de 4.729 millones de euros.

La oferta informativa en manos privadas es muy amplia en Madrid, y ni siquiera existe el argumento de la existencia de una lengua propia distinta del castellano que merezca una protección especial por parte de la Administración.

Existen además motivos fundados para temer que esa radio acabe siendo un órgano propagandístico de Ahora Madrid, un 'Aló Carmena' a mayor gloria de la alcaldesa. De hecho, en su gestación ya hay elementos poco claros: todos los partidos de la oposición han denunciado la contratación irregular de empleados e incluso el PSOE, socio de gobierno de Carmena y partidario de la radio pública, ha criticado la falta de "publicidad y transparencia" en el proceso.

La prioridad de Ahora Madrid debería ser el saneamiento de las cuentas, la gestión del tráfico, de la limpieza, el cuidado de jardines y la inversión en políticas sociales, en ningún caso la creación de una radio a cargo del erario.