El Gobierno se ha parapetado una vez más en que está en funciones para evitar dar explicaciones ante el Congreso. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el ministro de Economía, Luis de Guindos, no comparecerá en un pleno monográfico para explicar la designación del José Manuel Soria al Banco Mundial, aunque sí lo hará en una comisión. Este formato es menos solemne y más cómodo para Guindos, que diluiría esta polémica con otros puntos del día.

La vicepresidenta ha insistido en la tesis, que el PP ya mantuvo en la anterior legislatura, de que un Ejecutivo en funciones no debe someterse al control parlamentario, una cuestión que se mantiene en discusión en el Tribunal Constitucional. Sáenz de Santamaría ha intentando minimizar el asunto comparando la petición de comparecencia de De Guindos con las muchas formuladas por la oposición desde el 26-J. Sin embargo, se trata de una equiparación ridícula, ya que no se puede comparar una comparecencia del ministro de Economía sobre un tema de actualidad e interés nacional con las peticiones citadas por la vicepresidenta, la mayoría sobre asuntos internacionales y de menos urgencia.

Es evidente que el PP sólo quiere someterse al control de la Cámara cuando cuenta con mayoría. Esté o no en funciones, la separación de poderes exige que el Ejecutivo sea supervisado por el principal órgano representativo del Estado. Un Gobierno que tiene la capacidad de tomar medidas que afectan la vida de los españoles debe rendir cuentas ante el Congreso.

Las incógnitas que aún envuelven el trágico accidente de tren acaecido este viernes en la localidad gallega de Porriño, en el que han muerto cuatro personas y medio centenar han resultado heridas, recuerdan dolorosamente al siniestro ferroviario de Santiago de 2013. Esta desgracia, que se cobró la vida de 79 personas, terminó dando pie al ‘caso Alvia’, con una gestión cerrada en falso y muy cuestionada por la Comisión Europea. La culpa recayó sobre el maquinista del convoy, que circulaba a más del triple de la velocidad permitida. No obstante, la investigación todavía cuenta con bastantes puntos negros, como la ocultación de la responsabilidad tanto del gestor de infraestructuras como del propio Ministerio de Fomento.

En esta ocasión se ha de reconocer la pronta respuesta del ministro en funciones, Rafael Catalá, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos junto a responsables de Adif y de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios. No obstante, el mal precedente del ‘caso Alvia’ sigue presente, por lo que se debe exigir al Ministerio un esfuerzo para dilucidar cuanto antes las causas exactas del incidente, todavía desconocidas, y si estamos ante un fallo humano o de infraestructuras. A diferencia de lo sucedido en 2013, es preciso que se investigue con celeridad y rigor.