Nadie en el mundo de la judicatura ni en la propia Bildu dudaba de que la Junta Electoral de Gipúzcoa avalaría que Arnaldo Otegi es "inelegible" como candidato a lehendakari, en razón de la inhabilitación hasta 2021 que pesa sobre el dirigente abertzale y del criterio de la Fiscalía. Por eso suscita más sorpresa la reacción que esta decisión ha generado en Podemos que la que ha producido entre los herederos de Batasuna.

Bildu se adelantó a la impugnación de su líder presentándolo como un mártir. Y Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Alberto Garzón se han prestado a la victimización de Otegi con argumentos tan inapropiados desde un punto de vista democrático como incomprensibles como estrategia política.

Iglesias y Errejón aseguraron que la decisión de la Junta Electoral es una "mala noticia" y que son los vascos quienes han de decidir "quién les representa". Garzón fue más allá y tachó de "cacicada" impropia de un "país democrático" la citada resolución.

La falacia es evidente porque en ningún Estado de Derecho se somete a votación el cumplimiento de las sentencias y Bildu puede presentar a los candidatos que considere oportunos siempre que no pese sobre ellos inhabilitación alguna: de hecho, la candidatura la cierra una etarra que hace menos de un mes estaba en prisión.

Por otro lado, es verdad que Podemos ha crecido en las generales en el País Vasco al absorber los votos de Bildu, pero alimentar el relato que quieren construir los abertzales sólo puede mejorar sus expectativas y defraudar a muchos votantes del partido morado.

El acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia supone una importante oportunidad para acabar con la guerrilla más antigua de América Latina, pero entraña también un riesgo. El Gobierno de Juan Manuel Santos, la oposición de izquierdas y la Iglesia Católica han celebrado el resultado del pacto fraguado en Cuba, mientras que el expresidente Álvaro Uribe y su partido han mostrado en público sus reservas y esperan una reelaboración del tratado.

La negociación ha tocado aspectos muy delicados. No podemos olvidar que las FARC acumulan a sus espaldas más de 250.000 víctimas mortales, además de haber provocado siete millones de desplazados en todo el continente sudamericano. Además, todos los los intentos de negociación con la guerrilla terrorista mantenidos hasta la fecha han resultado infructuosos.

Es importante destacar que el acuerdo entre las FARC y el Gobierno está repleto de ambigüedades. Entre ellas, la inmediata incorporación de la guerrilla a la política colombiana. La forma en que se llevará a cabo no se ha concretado, aunque todo indica que se realizará mediante la conformación de un partido político. Está por ver si un grupo terrorista será capaz de asimilar las reglas del juego democrático y los resultados de las urnas.

El acuerdo también alude de "privación de libertad" para los culpables, lo que ha sido interpretado un eximente de la cárcel para todos los procesados. Una medida no ha sentado nada bien en ciertos sectores de la sociedad colombiana, temerosa de la previsible libertad que gozarán los otrora forajidos.

El cese de la violencia en Colombia es un hito digno de celebrarse tras 60 años de infructuosa lucha contra la guerrilla. Pero resulta imprescindible llegar a un consenso en cuanto a la reparación de los daños infligidos, el castigo de los crímenes y la futura reinserción de quienes los cometieron. Si bien lograr la paz es una obligación moral y política, la impunidad con los terroristas no ha de convertirse en moneda de cambio para detener ningún conflicto armado.