Según los últimos datos del Banco de España, la deuda pública de nuestro país ascendió en junio hasta los 1,107 billones de euros, lo que supone un 100,9 % con respecto al PIB; esto es, el máximo histórico desde 1909. Una realidad preocupante: implica que el sector público español debe cada año más del equivalente a la totalidad de los bienes y servicios producidos.

La gravedad de las cifras contrasta con el optimismo del Gobierno en funciones, que cree mantener el control de la situación a pesar de que el ratio de la deuda no se ajuste a lo acordado en el último Programa de Estabilidad, que lo situaba en el 99,14 % del PIB.

Que España se haya endeudado a razón de 6.495 millones mensuales durante los 56 meses de Cristóbal Montoro y Luis de Gunidos al frente de las cuentas públicas demuestra que el Ejecutivo no ha hecho sus deberes en cuanto al control de déficit. Unas pérdidas que se llevan produciendo desde 2008 y que han sido financiadas exclusivamente mediante la emisión de bonos, letras y obligaciones del Estado.

Ante la prolongada ausencia de un gobierno con capacidad legislativa, todo parece indicar que el Ministerio de Hacienda será incapaz, a menos a corto plazo, de realizar las reformas estructurales necesarias para rebajar la brecha entre ingresos y gastos. Esto significa que el porvenir de las generaciones venideras ya ha sido hipotecado, al tener que asumir toda la carga de la deuda.

El Ejecutivo del PP no debería presumir de músculo por el crecimiento. Si no fuera por la asistencia externa del Banco Central Europeo y la caída de los tipos de interés, la situación económica de nuestro país no tardaría en volverse insostenible.