La ley de protección integral del colectivo LGTBI aprobada hace un mes por la Comunidad de Madrid ha levantado ampollas en el sector más reaccionario de la jerarquía eclesiástica. Los obispos Joaquín María López de Andújar, de Getafe, y Juan Antonio Reig Plá, de Alcalá de Henares, llamaron el pasado domingo a la insumisión a través de una carta pública en la que se califica la medida como un "ataque a la libertad religiosa y de conciencia que atenta contra la moral natural y las enseñanzas de la Biblia".

Estos obispos llegan a sugerir que la homosexualidad es algo así como una desgracia o un extravío remisibles mediante la oración cuando, en su misiva, se quejan de que la nueva ley "pretende prohibir rezar públicamente por personas que suplican un cambio de orientación en su vida".

Esta norma, aprobada de urgencia ante el repunte de casos de acoso escolar, contiene aspectos criticables que deben enmendarse, como la inversión de la carga de la prueba recogida en su artículo 66, según el cual correspondería en los procesos no sancionadores demostrar su inocencia a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria.

No obstante, la declaración de estos obispos madrileños es injustificable. Por un lado, chirría claramente con la línea aperturista establecida por el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado. Y desde el punto de vista civil, resulta inadmisible que una institución que disfruta de tamaña influencia social y educativa y que se financia parcialmente con dinero público se inmiscuya en asuntos legales para contradecirlos con argumentos que rozan la homofobia. En un estado aconfensional, los púlpitos no han de utilizarse para llamar a la desobediencia de los fieles.

Las provocativas declaraciones de Arnaldo Otegi del pasado sábado, en las que afirmó que ninguna institución española le podía impedir presentarse a lehendakari en las próximas elecciones vascas, han encontrado respuesta en el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite. Esta asociación ha solicitado a los partidos que impugnen la candidatura del dirigente de Sortu.

Cabe recordar que sobre el líder de la antigua Batasuna pesa una condena de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público hasta abril de 2021, lo que le impediría ocupar un escaño en el Parlamento Vasco. Ciudadanos ya ha anunciado que impugnará la candidatura de Otegi si se produce. Carecería de sentido, y sería incluso un fraude, que alguien pudiera aspirar a un cargo que legalmente no puede ejercer.

Arnaldo Otegi reta al Estado y pretende impostar una confrontación de legitimidades para presentarse como mártir a ojos del mundo abertzale. Una vez más, las víctimas han ido por delante que las instituciones y de los partidos frente a las estratagemas de los herederos de ETA. Corresponde ahora a los partidos y a la Justicia escuchar a los principales damnificados por el terrorismo e impedir que un condenado por terrorismo que ni siquiera ha mostrado arrepentimiento por los asesinatos de ETA se convierta en candidato a lehendakari.